MADRID/VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, se reunirá hoy con los representantes de las comunidades autónomas en el marco de las conversaciones sobre la reforma de las políticas activas de empleo que el Gobierno quiere culminar antes de que termine el mes de enero.
La reunión con las regiones, que se celebrará a partir de las 12.00 horas en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, sigue a los primeros contactos mantenidos por la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, con sindicatos y patronal.
La competencia de las políticas activas de empleo está compartida por el Estado central, de quien depende su normativa, y las regiones, que se encargan de gestionarlas, si bien la transferencia de estas políticas aún está por completar en algunas comunidades.
De hecho, el Gobierno se ha comprometido a cristalizar la transferencia de las políticas activas a País Vasco y Canarias dentro de los acuerdos con PNV y CC para sacar adelante los Presupuestos de 2011.
Además, tan sólo unos días después de su toma de posesión, Valeriano Gómez garantizó el traspaso de las políticas activas de empleo que aún quedan por traspasar a Cataluña antes de que se celebren las elecciones autonómicas el próximo 28 de noviembre.
Los primeros contactos con los sindicatos y empresarios se han interpretado como un intento del Ejecutivo por reconstruir el fallido diálogo social tras la aprobación de la reforma laboral a través de un decreto ley y la huelga general de 29-S que desencadenó.
ANTESALA DEL DIÁLOGO SOCIAL.
Sin embargo, tras el encuentro de la secretaria de Estado de Empleo con las centrales el pasado 12 de noviembre, los 'números dos' de UGT y CC.OO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, se apresuraron a rebajar las expectativas y descartaron en todo momento que las negociaciones a tres bandas hubieran tomado un nuevo impulso. El principal escollo sigue siendo la reforma laboral.
Para los sindicatos, la premisa necesaria para volver a sentarse en la mesa tripartita (Gobierno, CEOE y sindicatos) pasa por que el Gobierno rectifique su política económica y dé marcha atrás a las modificaciones aprobadas en el mercado de trabajo. Si no es así, no quieren oír hablar de diálogo social.
