El letrado responsable del bufete, Carlos Martín, estima que hay cerca de 3.000 abulenses perjudicados por estos productos bancarios
ÁVILA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Vecinos de Ávila afectados por las participaciones preferentes de las entidades bancarias se han reunido este lunes con el despacho Vidau Abogados, coordinador de zona de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), para informar sobre los servicios de esta asociación y poder iniciar acciones legales contra las cajas o bancos que les vendieron estos productos.
En concreto, en la reunión que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de la ciudad con un aforo de más de 160 personas, la letrada abulense Ana Domínguez, junto con representantes de APDEF y de Vidau, ha recogido información de los asistentes para, en los días siguientes, atenderlos de manera personalizada, ya que la principal premisa de la asociación es la "personalización y cercanía".
Según el letrado responsable de Vidau Abogados, Carlos Martín, en Ávila "se estima que hay cerca de 3.000 personas perjudicadas por la compra de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas a Caja Ávila".
De hecho, durante la reunión, en la que ha estado presente el presidente de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, Francesc García Rafanell, se ha informado a los asistentes sobre los tipos de productos en concreto que adquirieron y "bajo qué condiciones".
Martín ha descrito lo que significa ser poseedor de una participación preferente, un mecanismo de financiación de las entidades financieras, "sobre todo cajas", que permitieron aumentar su capital y solvencia "a costa de los pequeños ahorradores".
"Es un híbrido entre acciones y depósito, con la diferencia de que quienes las poseen no tienen derecho a votaciones en reuniones y son productos perpetuos, es decir, no verán de vuelta su capital", señala Carlos Martín.
ÚLTIMO EN COBRAR SI HAY QUIEBRA
En cuanto a las obligaciones subordinadas, éstas significan un cambio en la garantía de cobro, ya que sitúan a su comprador en último lugar a la hora de cobrar el dinero invertido en caso de quiebra de la entidad. Se vendían como si fueran depósitos a plazos cuando se trataba productos mucho más complejos, según Martín.
"Ambos productos son complejos y de riesgo. Es más, en el resto de países de la Unión Europea, vender estos paquetes a minoristas es una práctica prohibida, y en cuanto el Parlamento supo que en España se estaba haciendo le puso punto y final", destaca Martín.
Estas reuniones ya han tenido lugar en Valladolid, donde se presentaron más de 300 afectados y de los cuales, 130 ya han sido citados por el bufete, en Zamora, Palencia y Oviedo, para pasar después de Ávila a Salamanca, Ponferrada, Santander, Burgos y Segovia, entre otros.
La APDEF nace en 2012 con el objetivo de "defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras y aunar esfuerzos para que a los afectados se les devuelva su dinero invertido", describe su presidente, Francesc García Rafanell.
Además, la labor de esta sociedad es conseguir su objetivo con costes muy ajustados, lo que se llama "abogacía social", ya que, dependiendo siempre del capital invertido por los perjudicados, por una mínima cantidad que no llega a mil euros, el cliente tiene a su disposición la notaría, burofax, tasas, procurador y abogado.
Asimismo, la asociación cuenta con cerca de 20 bufetes asociados por toda España y debido a esta expansión por el territorio nacional, la APDEF ha presentado más de 1.100 demandas, con 350 en proceso y la resolución de cerca de 90 casos, con un 95 por ciento de éxito, pero con la convicción de que "el recurso irá a favor del afectado", ya que "existe una conciencia judicial por el atropello que se ha efectuado al pequeño ahorrador", denuncia García Rafanell.
