VALLADOLID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid llevará a la Fiscalía, por si hubiera lugar a la iniciación de diligencias penales por prevaricación, las tres sanciones que le ha impuesto el Ayuntamiento con motivo del acto que el colectivo desarrolló en septiembre en la calle Santiago durante la Semana de la Movilidad.
En un comunicado recogido por Europa Press, la Federación ha anunciado la interposición de un recurso de reposición contra las tres "represoras" sanciones y se ha solicitado que se abra expediente de responsabilidad disciplinaria contra los funcionarios municipales que "con su actitud incumplidora de la norma" han generado "esta lesión del derecho fundamental de reunión".
Asimismo, han advertido de que, en el supuesto de no ser suprimida de inmediato esta sanción, al margen de proceder a acudir a la jurisdicción contencioso administrativa por la vía de vulneración de derechos fundamentales, "se pondrá el asunto en manos de la Fiscalía por si hubiera lugar a la iniciación de diligencias penales por prevaricación".
Las sanciones están vinculadas a la recepción, por parte de las organizaciones coordinadas en la Semana de la Movilidad 2011, de tres comunicaciones de resolución sancionadora en materia de tráfico, con fecha 20 de diciembre, en cuantía de 90 euros cada una y referidas al acto desarrollado el día 18 de septiembre en calle Santiago.
La mencionada iniciativa consistió en la entrega de una planta a quien suscribiera una encuesta sobre movilidad así como de documentación vinculada con la semana por parte de las entidades miembros de la coordinación.
Dicho acto estaba amparado por una notificación de concentración con mesas informativas remitida a la Subdelegación de Gobierno con fecha 12 de septiembre de 2011, y, por lo tanto respondía al ejercicio del derecho de reunión recogido en el artículo 21 de la Constitución Española y Ley Orgánica 9/1983.
Tras recordar que ya hay suficiente jurisprudencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que se determine la vinculación de las mesas y escenarios al derecho de reunión, las mismas fuentes explicaron que, ante la solicitud de identificación por parte de los agentes municipales actuantes, se les mostró la solicitud de concentración.
A su juicio, el Ayuntamiento no es competente para sancionar unos hechos previamente comunicados como concentración a la Subdelegación de Gobierno, por lo que la sanción "supone de facto una lesión del derecho fundamental de reunión" pues "se sanciona administrativamente y sin tener competencia el ejercicio del derecho fundamental".
Los colectivos consideran, además, que el procedimiento es nulo porque no se ha notificado en ningún momento la denuncia (ni en la plaza ni posteriormente), ni se ha permitido hacer alegaciones, vulnerando el derecho constitucional de defensa.
