PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, contratado por el Partido Popular de Baleares para que actúe en casos relacionados con la corrupción, presentará este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma la personación en concepto de acusación particular en nombre del PP en la causa del Palma Arena, que investiga el presunto desvío de fondos públicos durante la construcción del Palma Arena.
El caso Palma Arena estalló en agosto de 2009 con las detenciones del ex director general de Deportes del Govern en la pasada legislatura, José Luis 'Pepote' Ballester, y del entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Duran, en el marco de la Operación Espada. Ambos quedaron en libertad tras abonar sendas fianzas. Desde entonces, un reguero de funcionarios, proveedores, empresarios y políticos que ocupaban cargos altos e intermedios en la pasada legislatura han acudido a declarar al juzgado que investiga esta causa.
Se trata del caso de corrupción de mayor envergadura que ha estallado en la comunidad, por el tamaño de la causa y, especialmente, porque el principal imputado es el ex presidente del Govern Jaume Matas, quien compareció el pasado 24 de marzo ante el juez, en una declaración que se prolongó durante tres días, y tras la cual el juez José Castro dictó prisión provisional bajo fianza de 3 millones de euros, al entender que existía un elevado riesgo de fuga y de alteración de pruebas relacionadas con el caso.
Así, la implicación de Matas en la causa dio un vuelco cuando el juez acordó incorporar las investigaciones realizadas por la Fiscalía sobre el patrimonio del ex president y de su cuñado y ex gerente del PP, Fernando Areal, al caso, con el propósito de intentar dilucidar si el fuerte incremento del patrimonio de Matas guarda relación con el desvío millonario en el coste de la obra, que pasó de 48 millones de euros a 110.
Recientemente, el juez acordó dividir el caso en 25 piezas separadas debido a la complejidad del procedimiento y al volumen del sumario. En esta causa también se personó como parte perjudicada el Govern balear, al entender que el erario público deberá asumir el pago -hasta el 2026- del sobrecoste de la obra, por lo que si se confirman las irregularidades, resultará perjudicado de forma directa.
