La nueva normativa europea deja fuera al 95% del sector catalán

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, ha pedido para Catalunya un régimen diferenciado para la flota litoral mediterránea antes de aplicar la nueva Política Pesquera Común (PPC), que entrará en vigor previsiblemente en 2013.

Éste es el posicionamiento defendido no sólo por el Govern, sino por los sectores afectados --extracción, acuicultura, comercialización, mundo científico, ONG y sindicatos-- fruto del consenso alcanzado la semana pasada en el seno del Consejo de Pesca y después de varias reuniones entre todos los agentes desde septiembre de 2011.

De hecho, con el objetivo de canalizar el debate y contar con las aportaciones del conjunto de la sociedad, el Govern ha puesto en marcha la plataforma ePesca, una herramienta informática que busca fomentar la participación de todos los agentes interesados.

En comisión parlamentaria, el conseller ha explicado que la normativa deja fuera al 95% del sector en Catalunya, ya que está muy dirigida a las características de la flota de altura y gran altura y sólo reconoce una excepción para la flota 'costera artesanal' --flota menor de 12 metros que utiliza artes de pesca pasivos y que sólo representa el 5% de la capacidad de pesca de Catalunya--.

Uno de los obstáculos que presenta la normativa es la reducción de capturas --25% menos en global para 2015--, una medida que, según el Govern, no se basa en un estudio científico sobre el estado de los caladeros y la diversidad de especies en cada punto de la costa y a la que, por lo tanto, se opone.

El conseller ha insistido en que se deben mantener las ayudas para la adaptación de la capacidad de la flota, el acceso a la financiación y garantizar la cohesión social del sector, así como no limitar el Fondo Europeo Martítimo y de Pesca (Femp) a las medidas ambientales.

REDUCCIÓN DE AYUDAS

El Femp asciende a 6.567 millones para el periodo 2014-2020, lo que supone un incremento bruto de 2.718 millones, aunque el incremento real respecto al programa actual es de 1.671 millones, lo que Catalunya considera insuficiente para asumir los retos que plantea la nueva normativa, ya que de las 40 líneas de financiación tan sólo once están destinadas a pescadores y armadores y 14 a empresas acuícolas.

En este sentido, Pelegrí ha señalado que los fondos no alcanzan para mantener el desmantelamiento de embarcaciones --instrumento necesario para reducir el exceso de capacidad de la flota que no está sometida al régimen de concesiones de pesca--, la paralización temporal de las actividades pesqueras, la pesca experimental, la repoblación directa y las inversiones para la mejora de la trasformación y la comercialización.

"La normativa muestra un desconocimiento del sector pesquero del mediterráneo, por lo que es de difícil aplicación", ha sostenido Pelegrí, a la vez que ha señalado que Catalunya es una comunidad pesquera y consumidora de pescado, por lo que la dimensión de la flota catalana y la fuerte demanda comercial hacen que el 80% del pescado consumido en Catalunya deba ser importado del resto de España, Europa y terceros países.

Por todo ello, Pelegrí ha pedido mecanismos de flexibilidad, como un calendario asumible para la aplicación de cambios estructurales que permita al sector adaptarse "sin dejarse a nadie por el camino", sostenibilidad económica más allá de la ambiental, mantener las líneas de ayuda y proteger todas las actividades económicas pesqueras y acuícolas vinculadas al territorio, ya que el conseller ha recalcado que Catalunya no puede permitirse el cierre de más empresas.

Desde la oposición, el PSC e ICV han lamentado que el posicionamiento de Catalunya de cara a la PPC se haya consensuado entre el Govern y los diferentes sectores implicados, pero sin los diferentes grupos parlamentarios, aunque todos los partidos han respaldado el documento.