BRUSELAS, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea amenazó hoy a España con una multa por incumplir la legislación medioambiental comunitaria en las obras de construcción del canal Segarra-Garrigues en Catalunya.

Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no adoptan medidas para garantizar la protección de las aves en las zonas afectadas por las obras, Bruselas llevará de nuevo el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE), que será el que determine el importe de la sanción.

"Insto a las autoridades españolas a que tomen todas las medidas necesarias a fin de preservar la integridad de la zona de Catalunya que reviste mayor importancia para la conservación de las aves esteparias, dijo el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en un comunicado.

La advertencia del Ejecutivo comunitario adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Bruselas acusa a las autoridades españolas de haber incumplido una sentencia del Tribunal de Luxemburgo de diciembre de 2007. El Tribunal concluyó que España estaba incumpliendo su obligación de proteger las aves esteparias de una serie de zonas que probablemente se incluirán en la red de espacios protegidos Natura 2000 y que pueden verse afectadas por el canal Segarra-Garrigues.

"Este segundo y último apercibimiento de la Comisión se produce una vez constatado que España sigue sin tomar las medidas necesarias", destacó el Ejecutivo comunitario. Es más, Bruselas denuncia que "las obras de construcción continuaron a pesar de la decisión del Tribunal" y que "la reciente inauguración del proyecto, el pasado 5 de julio, puede obstaculizar gravemente la ejecución de la sentencia".

Al tratarse de un caso sobre el que el TUE ya ha dictado sentencia, si las autoridades españolas no toman las medidas correctoras necesarias, el Ejecutivo comunitario está facultado para pedir al Tribunal la imposición de una multa.

El proyecto en cuestión consiste en un canal de 85 kilómetros de longitud que recogerá agua del río Segre para poder regar tierras agrícolas de la provincia de Lleida. Las obras se iniciaron en 2002 y está previsto que duren una década. El trazado del canal, que es uno de los proyectos más caros de ingeniería civil que se han sacado a licitación en Catalunya, atraviesa una serie de zonas protegidas y las secciona.

El TUE también ha condenado a España por no haber designado como zonas de protección especial de algunos de los territorios afectados por el proyecto Segarra-Garrigues.

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Joaquim Llena, y el de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, se reunieron la semana pasada con funcionarios del departamento de Medio Ambiente de la Comisión para discutir las medidas correctoras que reclama Bruselas pero no lograron un acuerdo para paralizar el expediente.