Cantabria, Galicia, Asturias y País Vasco firman un documento para fijar una posición común ante el 'chequeo' de la PAC

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad de Cantabria ha firmado hoy en Santiago de Compostela, junto a sus homólogos de Galicia, Asturias y País Vasco, un documento conjunto que fija la posición de las comunidades cantábricas sobre el "chequeo médico" de la Política Agrícola Común (PAC). El acuerdo defiende un modelo propio de agricultura y medidas que eviten el abandono de la actividad agraria.

El documento, que fija una posición común sobre las propuestas de la Comisión del Reglamento y Directivas del Consejo de la Unión Europea, parte de las similitudes territoriales y afinidades de los modelos productivos de estos territorios. Para las comunidades firmantes, este acuerdo permitirá "una mejor defensa de los intereses ante las instituciones europeas y trasladar su visión de este asunto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino".

En este sentido, señalan que sus sistemas de producción agraria cuentan con unas características que otorgan una significativa importancia al mantenimiento de modelos de gran valor social, que afectan directamente a un número importante de agricultores, dado el carácter de explotación familiar y de actividad económica principal en el medio rural en estas zonas, informó el Gobierno de Cantabria.

El documento asegura que estos sistemas productivos agrarios han logrado adaptarse a su entorno natural, contribuyen a su mantenimiento y constituyen "piezas insustituibles de unos paisajes de gran valor cultural y natural". Así, establece que la agricultura y el conjunto de la actividad agroalimentaria resultan "estratégicas por su peso económico y social".

Con este acuerdo las comunidades pretenden fijar la posición del Estado español en defensa de los intereses de sistemas agrarios singulares, como los de estas regiones, con más de un 80% de su territorio ubicado en zonas de montaña o desfavorecidas y con una amplia parte de su geografía incorporada a la Red Natura 2000.

El documento pretende que se tenga en cuenta, entre otros aspectos, la "preservación de un modelo propio de agricultura que responda a las necesidades de adaptación que va a requerir este sector más allá del 2013", y tiene como objetivo en su conjunto la articulación de medidas que eviten el abandono de la actividad agraria en algunas áreas y regiones europeas.

En el actual contexto de incremento mundial de la demanda de alimentos y de apoyo a la producción de biocombustibles por parte de la UE, con este documento se pretende establecer el arbitrio de medidas correctoras, para evitar volver a los orígenes de la PAC, "con una agricultura europea incapaz de atender a sus necesidades de consumo". Asimismo, el acuerdo potencia las ayudas directas a la actividad agraria proponiendo un trasvase de fondos al "desarrollo rural" en sentido genérico.

Para finalizar los firmantes del documento consideran que el "chequeo" debe tener en consideración el futuro presupuestario de la PAC para 2014, con un escenario de una PAC, de 27 miembros, que requiere adoptar medidas antes de dicha fecha.

PAGO ÚNICO

En relación con los modelos de pago único, las comunidades abogan por una nivelación del valor de los derechos de pago y una aproximación al modelo territorial que proporcione una ayuda "más justa", y se oponen a un esquema de apoyo basado en el desacoplamiento de las ayudas, "tanto por su falta de legitimidad social, como por su incentivo del abandono productivo en ciertas agriculturas".

Sobre el sector lácteo, se defiende un escenario con mecanismos de contingentación de la producción, rechazando la propuesta de incremento anual de forma lineal. Las comunidades han pedido que si el incremento de la demanda justifica un aumento de la cuota, éste se dirija a los estados que tienen una cuota muy inferior a su consumo interno, y en los que existen segmentos importantes de explotaciones que necesitan más cuota para ser viables y que vienen mostrando vocación de permanencia, o en los que hay un número significativo de explotaciones situadas en zonas de montaña.

En el supuesto de que finalmente se avance en la eliminación del sistema de contingentación, las regiones consideran imprescindible la creación de un Fondo de la Leche, dotado de recursos comunitarios y de carácter transitorio y excepcional, destinado a mejorar la viabilidad de las explotaciones con perspectivas de continuidad.

Sobre la modulación, defienden un segundo pilar, que en parte complemente el apoyo al sector agrario del primero, con un peso financiero propio y suficiente, pero dotado desde planteamientos presupuestarios del Consejo y no desde la modulación del primer pilar. En sintonía con el objetivo de reforzar el carácter social de la PAC, consideran que los fondos procedentes de la modulación adicional se deberían redistribuir entre Estados y regiones, de acuerdo a criterios de cohesión.

También apoyan una simplificación de la gestión administrativa de las ayudas, así como de los requisitos y obligaciones ligados a la condicionalidad, y apuestan por abordar la simplificación mediante medidas que no perjudiquen a aquellas explotaciones que tienen en la actividad agraria una fuente relevante de ingresos.

En su opinión, las propuestas de la Comisión para eliminar la limitación sectorial en el destino de los fondos y la ampliación de las posibilidades de utilización de esos recursos suponen un "paso positivo, aunque insuficiente" para conseguir que la PAC contribuya a la cohesión económica y social y a la promoción de un modelo de agricultura multifuncional.

Por ello, abogan por un "chequeo" que contemple instrumentos públicos de intervención eficaces, aunque su actuación se limite a determinadas circunstancias, que actúen a modo de redes de seguridad, destinados a suavizar las oscilaciones del mercado y a evitar situaciones de crisis que puedan tener un fuerte impacto social. Estos instrumentos deben financiarse con presupuesto comunitario, manteniendo el principio clásico de la PAC de solidaridad financiera.

Asimismo, las comunidades han expresado su apoyo a la defensa de la preferencia comunitaria, más allá de las obligaciones arancelarias y de otro tipo que imponga la Organización Mundial de Comercio (OMC), en base a un modelo productivo que se asiente en todos los territorios europeos, y que tenga como parámetros distintivos de sus producciones la calidad, la sanidad y la seguridad alimentaría.