El Gobierno de Andorra prevé inyectar 200 millones para paliar efectos de la crisis
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El coronavirus se ha cobrado la primera víctima mortal en Andorra, ha anunciado este domingo el ministro de Salud, Joan Martínez Benazet, en su comparecencia diaria telemática, desde su casa.
Era un paciente que padecía una enfermedad respiratoria crónica en fase terminal al que "el coronavirus ha dado un empujón final", ha lamentado el ministro, que ha trasladado el pésame a la familia.
Andorra contabiliza este domingo a mediodía 112 pacientes con resultado positivo de coronavirus --al que se suma el único que ya recibió el alta, hace dos semanas--, 15 de ellos ingresados en el hospital, tres de ellos graves en la UCI.
De los enfermos, 38 son profesionales del ámbito sanitario, colectivo que Martínez Benazet considera que cada vez va a ser más difícil que se contagie por las medidas adoptadas, y que los casos se deben a infecciones originadas en viajes anteriores y a la atención de pacientes antes de que desarrollaran síntomas (como el caso del turista madrileño que padeció un infarto y que más tarde desarrolló la sintomatología del COVID-19).
En el centro sociosanitario el Cedre, los positivos han pasado de dos a ocho, y ocho residentes presentan sintomatología compatible con el coronavirus.
LEY DE MEDIDAS EXCEPCIONALES
El Gobierno ha aprobado una ley de medidas excepcionales para la situación de emergencia sanitaria, que votará el lunes el Consell General en una sesión extraordinaria y atípica, que permitirá inyectar 200 millones de euros a la economía andorrana.
El principal objetivo es mantener los puestos de trabajo y que los trabajadores mantengan el 100% del salario, según dijeron tanto el jefe de Gobierno, Xavier Espot, como el ministro de Finanzas y Portavoz, Eric Jover.
El texto prevé dos programas de créditos blandos para empresarios: uno de 60 millones de euros para ayudar con los gastos corrientes y otro de 70 millones para refinanciar los créditos ya suscritos por las empresas.
También se prevé que el Gobierno se haga cargo del 100% de la parte empresarial de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores de las actividades paradas por decreto.
De la misma manera, el ejecutivo asumirá el 80% de esta cotización para los trabajadores de las empresas que dan servicio de guardia, y también el 50% de la cotización de los trabajadores de las empresas abiertas pero que "padecerán la ralentización de actividad económica".
Los autónomos también podrán rebajar su régimen de cotización y el Gobierno se hará cargo de la cobertura de aquellos que han tenido que parar la actividad.
Otras medidas contenidas en esta ley ómnibus son aplazamientos y fraccionamientos de los pagos de todas las figuras fiscales y apoyo económico para aquellos trabajadores de actividades permitidas que no puedan acudir a la empresa por tener que hacerse cargo de menores.
El jefe de Gobierno se comprometió a "poner todos los medios" a su alcance para hacer frente a la crisis económica y social que se deriva de la emergencia sanitaria.
Así, afirmó que, si las medidas adoptadas hasta el momento no fueran suficientes, se plantearían nuevas, y añadió: "Y si hace falta inyectar más dinero a la economía --aunque la capacidad del Gobierno sea muy limitada-- lo encontraremos".
El Parlamento también votará el lunes la Ley calificada de los estados de alarma y emergencia, que dotará al Gobierno de más herramientas para limitar la movilidad o para requisar bienes, ocupar instalaciones para uso público o racionar productos de primera necesidad.
La voluntad del Gobierno, expresada por el ministro portavoz, Eric Jover, en sus comparecencias diarias, no es de aplicar esta ley inmediatamente, pero sí si se demostrara necesario.
