El Gobierno considera que la Cámara debe seguir liderando el proyecto del aeropuerto
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles la adjudicación de la fase dos de la construcción de la nueva Sede de la Justicia, en Andorra la Vella, el último eslabón antes de que pueda entrar en funcionamiento durante la primera mitad de 2020, ha informado en rueda de prensa el ministro portavoz, ric Jover.
El nuevo edificio, que ha costado más de 20 millones de euros, tendrá seis plantas, 15.000 metros cuadrados de superficie y albergará todos los estamentos judiciales, también al Tribunal Superior.
Esta fase dos, ha explicado Jover, se ha adjudicado por 2,5 millones y servirá para abastecer el edificio de todos los elementos relacionados con la seguridad, la vigilancia, el control y la grabación de los juicios.
Precisamente, la grabación de los juicios es una medida incluida en la nueva Ley del Código de procedimiento civil que el Parlamento andorrano aprobó el pasado mes de octubre, junto con otras medidas tecnológicas para agilizar el sistema judicial actual.
En este sentido, el Consejo de Ministros también ha aprobado este miércoles que la ley no entre en vigor de manera definitiva hasta el 1 de enero de 2021, cuando la nueva sede ya esté operativa, y para dar más garantías a todas las personas implicadas en el sistema.
El edificio actual, también en Andorra la Vella, está obsoleto y se ha quedado pequeño como sede judicial.
PROYECTO DE AEROPUERTO
También durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jover ha manifestado que es la Cámara de Comercio quien tiene que seguir encabezando el proyecto para instalar un aeropuerto internacional en el país.
"Es interesante que lidere las distintas etapas", ha afirmado el ministro portavoz, pero siempre con la supervisión de los ministerios implicados, para que vayan controlando los informes y validándolos, ha indicado.
La entidad ya cuenta con estudios de viabilidad a nivel de ubicación e infraestructura, pero faltan aún los informes medioambientales.
Jover ha recordado que también hay que evaluar bien el tema económico: se estima que la infraestructura, en Grau Roig, costaría más de 500 millones de euros.
