Dice que "tendría un efecto contrario al deseado" aumentando la demanda de compra y reduciendo la oferta de alquiler
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Andorra ha rechazado destinar un 10% del Fondo de Reserva de Jubilaciones a vivienda, tal y como pedía la proposición de ley presentada por el Partido Socialdemócrata, en la oposición, y ha avanzado que está trabajando para crear un fondo público-privado destinado a rehabilitar y construir nuevas viviendas.
La idea socialdemócrata era la de permitir que se pudiera destinar un 10% del Fondo de Reserva de Jubilaciones a la rehabilitación y construcción de vivienda y así, por una parte, diversificar la cartera de inversiones de dicho fondo y, por la otra, dar solución a la problemática de la vivienda ampliando la oferta y destinando una parte a vivienda social.
Según el criterio del Gobierno publicado este lunes en el Butlletí del Consell General, "es improbable que estos objetivos se logren" y ha generado opiniones negativas tanto de la Comisión Gestora del Fondo como del Consejo de Administración del Fondo de Reserva de Jubilación.
El Ejecutivo afirma que la diversificación de las inversiones "no se puede lograr con la modificación propuesta" y que actualmente el Fondo tiene más de 800 líneas de inversión diferenciadas.
En este sentido, el Gobierno manifiesta que invertir un 10% del fondo en el sector inmobiliario andorrano representa "una concentración de riesgo por el hecho tanto de trabajar con un solo sector como en un solo país".
Así, la modificación planteada por los socialdemócratas "tendría un efecto contrario al deseado", se afirma en el criterio publicado este lunes, ya que puede reducir la oferta de pisos en alquiler al aumentar la demanda de viviendas de compra para cumplir el Fondo con la nueva ley.
ESTUDIO
Por otro lado, el estudio actuarial encomendado por la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS) en 2016 advertía de que "el sistema entraba en déficit en 2023, hecho que obligaría al Fondo a hacer una política de desinversión progresiva de sus activos".
Esta situación "exige una liquidez de las inversiones efectuadas, hecho incompatible con la inversión directa en bienes inmobiliarios", defiende el Ejecutivo en su criterio, que añade que la proposición incrementaría a su vez los gastos de la Comisión Gestora por aumentar en dos sus miembros y por la atribución de nuevas competencias.
Asimismo, el Gobierno asegura coincidir "en la necesidad de establecer medidas que ayuden a resolver el problema de la vivienda y que el Fondo de Reserva de Jubilación es una palanca financiera interesante".
