BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los 44 acusados de formar parte de una red que explotaba sexualmente y maltrataba a prostitutas rumanas en la calle Sant Raimon del barrio barcelonés de El Raval en 2007 comenzarán a declarar este viernes ante el juez.
El macrojuicio ha arrancado este lunes en el auditorio de la Ciudad de la Justicia de Barcelona resolviendo cuestiones previas --a las que el juez ha impedido la entrada a los medios de comunicación-- pero la declaración de los imputados se ha pospuesto al viernes para que pueda incorporarse una de las inculpadas que ha dado a luz.
Muchos de los proxenetas que este viernes se sentarán en el banquillo de los acusados forman parte de la misma trama de prostitución que actuó también en El Raval antes de 2006 y desarticulada en la conocida como operación 'Constancia'.
Tras algunos meses inoperativos "debido al éxito policial y judicial" --según explica el fiscal en las calificaciones previas al juicio--, los acusados reiniciaron su actividad en los últimos meses de 2007, obligando y amenazando a las mujeres para que se prostituyesen.
Organizaban "una estructura estable, permanente y unitaria" de la que estaban al frente los acusados Laura R., Ionel O., Romeo L., Rober R., Narcís R., Constantí N., Catalín V., Eduard C., Iulian B., Rover V., Marín R. y Niculae C., que ejercían de jefe de cada subgrupo, repartiéndose la ubicación de las mujeres explotadas y los horarios en los que se prostituían.
Además, se organizaban para vigilar a las prostitutas, se las cambiaban e intercambiaban información, generalmente por teléfono, sobre las incidencias que pudiera haber con las mujeres maltratadas, según detalla el fiscal.
También las controlaban directamente desde la misma calle Sant Raimon para lo que se reunían en un bar situado entre esta vía y la calle Pieyre de Mandiargues, y únicamente permitían que estuviesen con ellos "las controladoras", es decir, las prostitutas encargadas de vigilar a sus compañeras, mientras que el resto sólo entraban a entregar el dinero.
Las sometían todos los días de la semana a "un horario extenuante", de la mañana a la noche, y las obligaban a prestar servicios sexuales por 20 euros --si había menos demanda por menos dinero-- y les obligaban a entregarles íntegramente el dinero.
Eran reclutadas en Rumanía, aprovechando su baja extracción social y sus importantes cargas familiares, y vendidas a los acusados que las trasladaban a Barcelona para prostituirse; la mayoría sabían que venían a trabajar en la calle pero conocían "las inhumanas condiciones" en que tendrían que ejercer.
CARMEN DE MAIRENA
Pero al llegar a Barcelona, residían en los mismos pisos que los explotadores que estaban en la trama en un nivel inferior que los jefes de los subgrupos --pero sin llaves del domicilio--, que conocían perfectamente "la situación de abuso", y también se lucraban cobrándoles diez euros por servicio por el uso de las habitaciones.
Estos pisos "carecían de las más mínimas condiciones higiénicas", y uno de ellos estaba regentado por Miguel G., el transexual más conocido como Carmen de Mairena, aunque en su caso el juez no ve indicios suficientes de que supiese que las mujeres estaban explotadas.
