HUESCA/BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El abogado del Ayuntamiento de Sigena, Jorge Español, ha asegurado que "todavía hay otras fórmulas jurídicas más serias que el derecho de retracto" para recuperar los bienes vendidos a la Generalitat de Catalunya por las monjas del Monasterio de Sigena (Huesca) y que habrá que implementar en el futuro.
Así lo ha manifestado después de que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) haya dado la razón a la Generalitat de Catalunya en su disputa con el Gobierno de Aragón sobre los bienes artísticos de este monasterio, que el Gobierno catalán compró en los años ochenta.
Español no ha querido adelantar cuáles serían esas acciones jurídicas que todavía se pueden ejercer, pero ha deseado que "el Gobierno de Aragón las estudiase", según ha explicado en declaraciones a Europa Press, para afirmar que serían vías buenas, y también ha recordado que contra la sentencia del TC no cabe recurso.
El abogado ha subrayado, asimismo, que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional "discrepan de la mayoría" y argumentan que el TC entra en una materia que no le corresponde.
En su opinión, "el ejercicio del derecho del retracto deben dirimirlo los tribunales ordinarios", una crítica dura y que "entiendo que tiene razón".
Además, Español ha apuntado que la sentencia del TC no ha sido ninguna sorpresa y ha subrayado que "no tiene efecto alguno" sobre los 112 bienes de las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón y de los cuatro bienes de las parroquias de Berbegal y Peralta de Alcofea de la Diócesis de Huesca, en depósito en Lleida y cuya devolución se reclama desde Aragón.
Al respecto, el abogado ha explicado que "la decisión de sacarlos de Catalunya es de 1995 y, por lo tanto, varios años anterior a la posterior e ilegal catalogación catalana de 1999, catalogación que, como ya dijo la ex consejera de Cultura catalana, Caterina Mieras, se hizo claramente con el fin de frustrar la devolución de esos bienes a los propietarios aragoneses.
Igualmente, ha señalado que, "con todo respeto, la catalogación catalana es nula e ilegal porque no fue notificada a las parroquias propietarias y, en este sentido, el Tribunal Supremo en una reciente sentencia así lo ha declarado en un caso igual".
El letrado ha recordado que el TC estimó un recurso de la Generalitat en el caso de los papeles de Salamanca, "anulando la catalogación castellana porque precisamente trataba de impedir que esos bienes salieran de Salamanca para regresar a Catalunya".
Por ello, ha zanjado: "Nos gustaría que los tribunales traten a todos por igual y en ello estamos plenamente confiados".
