BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los tres ediles de Sant Quirze del Vallès juzgados por permitir que aguas fecales contaminaran gravemente una riera de la localidad al considerar que no fueron responsables de los vertidos y que hicieron todo lo que estaba en sus manos para evitarlos.
La Fiscalía de Medio Ambiente pedía cuatro años de prisión para el ex alcalde Sebastià Ruiz (CiU) y los ex concejales de Medio Ambiente Francisco Contreras (CiU) y Josep Coll (ERC) porque considera que sabían que las aguas residuales urbanas de los barrios de Can Pallàs y Can Casablanca se vertían sin ser depuradas a través de un colector a la riera Betzuca, afluente del río Sec, que a su vez es afluente del Besòs.
Los tres explicaron que pensaban que las aguas de los dos barrios estaban canalizadas hasta los conductos generales de la población y hasta una depuradora. No obstante, a finales de 2004 un técnico municipal descubrió agua contaminada, pero desconocía su origen.
Estas aguas eran vertidas a través de una salida del colector situada junto al Parc de Can Feliu, en el tramo alto de la riera Betzuca, que pasaban de estar en buenas condiciones biológicas a estar gravemente contaminadas tras el vertido de 10 litros por segundo, convirtiéndose en una "alcantarilla a cielo abierto".
La contaminación fue tan grave que, según muestras recogidas, la demanda química de oxígeno (dqo) pasó de -50 miligramos de oxígeno por litro de agua --era negativa-- antes del vertido a 110 después del vertido. Otros elementos como el amonio pasaron de tasas de 0,1 a 7,8 miligramos por litro, y los coliformes pasaron de niveles de entre 10.000 y 18.000 a más de 2 millones. Los estreptococos fecales pasaron de 85 a 87.500.
Esto impidió el mantenimiento de la vida acuática y el desarrollo de los organismos vivos de la riera y constituía un "grave y potencial foco de contaminación", que suponía un "grave riesgo" para el uso doméstico y para los pozos y captaciones de suministro.
Durante 2005 buscaron el punto exacto del vertido, lo que fue difícil debido a que las canalizaciones estaban soterradas a mucha profundidad y no había mapas de las tuberías y alcantarillas, construidas entre los años 70 y 80, cuando los acusados todavía no tenían responsabilidades en el Consistorio.
A finales de 2005, el ayuntamiento propuso una solución de urgencia mientras se preparaba el proyecto definitivo. No obstante, la Agencia Catalana del Agua (ACA) no respondió a la primera propuesta ni planteó otra, cosa que sí hicieron otras administraciones como la gestora Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
Las obras definitivas se iniciaron en julio de 2006, cuando la investigación de los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía ya había empezado, y fue entonces, con los trabajos iniciados, cuando la ACA dio su visto bueno al proyecto. Posteriormente, no abrió ningún expediente al municipio por los vertidos.
Según la Fiscalía, la ACA denunció la situación al Ayuntamiento en septiembre de 2003, pero los acusados, para "intentar eludir el coste económico" que suponía el tratamiento de las aguas, "no llevaron a cabo actuación concreta alguna" para evitar la contaminación.
En febrero de 2006 la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó investigar el caso y se descubrió que las aguas residuales de los dos barrios citados se recogían en un colector formado por un tramo soterrado del Torrent de la Font del Pont.
En junio de 2006, después de que los acusados conocieran la investigación de la Fiscalía, se aprobó el proyecto de construcción de un colector para recoger las aguas residuales y su conexión al colector general del municipio, obras que se realizaron entre julio y octubre de ese año, lo que consiguió parar los vertidos.
Por todo ello, el tribunal considera que los ediles no tuvieron responsabilidad en el vertido ni en el retraso en las obras de reparación, por lo que les absuelve de todos los cargos.
