La alcaldesa exige aprobar la medida sin cambios y recuerda que es un paso "burocrático, no de opinión política"
BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este miércoles que la Generalitat quiere introducir más excepciones en la medida del Ayuntamiento que obligará a destinar un 30% de nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida asequible, algo que Colau ha tachado de inaceptable y ha exigido la aprobación de la medida sin cambios.
Ha recordado en rueda de prensa que el pleno municipal aprobó esta medida en septiembre y que, para entrar en vigor, debe ser aprobada por la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, algo que estaba previsto para este miércoles en una reunión que finalmente se ha cancelado porque el Govern quería "rebajar" la medida y el Ayuntamiento no lo acepta.
Colau ha avisado a la Generalitat de que este es un "trámite técnico y burocrático, no de opinión política", porque la medida ya fue aprobada por el Ayuntamiento y la subcomisión debe aprobarla si se ajusta a la legalidad, algo que está garantizado según informes, ha dicho la alcaldesa junto a la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz.
La norma aprobada por el Ayuntamiento obliga a destinar este 30% de nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida, pero rebaja este porcentaje en los solares comprados desde principios de 2016 a julio de este año y lo elimina a los comprados desde entonces para garantizar la viabilidad económica, excepciones que aseguran que quiere ampliar la Generalitat.
"No entendemos que se pretenda retrasar, obstaculizar o rebajar este texto. Es inaceptable", ha remarcado Colau, que ha avanzado que pedirán una reunión a nivel político con el conseller de Territorio, Damià Calvet, y ha fijado la próxima reunión de la subcomisión --prevista para el 5 de diciembre-- como fecha límite para aprobar el texto tal y como lo acordó el pleno.
Calvet ha asegurado este mismo miércoles en un apunte en Twitter que convocarán una reunión la próxima semana con el Ayuntamiento para abordar aspectos técnicos de la medida, porque debe ser técnica y jurídicamente impecable antes de aprobarla, ha dicho el conseller, mientras que Colau ha avisado: "Si empezamos a inventarnos casos de excepción, estamos buscando una puerta trasera para no sea efectivo".
"La subcomisión no es un lugar donde opinar sobre la medida, sino en el que validar un texto que se ha aprobado donde tocaba: en el pleno municipal, con consenso y con los informes jurídicos y económicos" oportunos, ha insistido Colau, que ha dicho que no quiere imaginar un escenario en el que la Generalitat se niegue a aprobarlo, porque desataría una crisis política de primera magnitud, en sus palabras.
"No querría pensar que están habiendo presiones de sectores y de empresas especuladoras que tienen intereses en la ciudad y que el Govern está cediendo. No querría pensar esto, porque sería inaceptable", ha dicho Colau, que tampoco quiere pensar que la Generalitat está cuestionando la soberanía del pleno de la ciudad en cuestiones de su competencia, sino que quiere creer que se trata de un malentendido, ha dicho Colau.
Sanz ha asegurado que la Generalitat no habla de legalidad para pedir cambios en la medida, sino que defienden que lo regularían de otra forma según su interpretación de la norma: "Si la Generalitat lo hubiera hecho lo habría hecho de otra forma, pero lo hemos hecho desde el Ayuntamiento, y se trata también de defender esta soberanía municipal, porque no hay nada ilegal".
234 LICENCIAS DESDE OCTUBRE
Colau ha resaltado que, antes de este desacuerdo, ya estaban "preocupados por el retraso" del trámite, pendiente desde el 1 de octubre, momento desde el que se han entrado 234 licencias y 157 certificados de aprovechamiento urbanístico --que permite después la licencia con las mismas condiciones, esquivando la reserva del 30%--, proyectos que representan oportunidades perdidas, según ella.
Colau ha afirmado que PDeCAT y ERC apoyaron la medida en el pleno municipal y que la cuestionan ahora desde la Generalitat, en la que gobiernan, y ha aseverado: "La función de la Generalitat no es plantear rebajas a medidas del Ayuntamiento, y menos en temas tan urgentes como ampliar el parque público de vivienda en Barcelona".
