BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Agbar, Àngel Simon, ha explicado que la compañía tiene previsto invertir 50 millones de euros en los próximos dos años para potenciar su división de agricultura, ofreciendo un servicio de asesoría a agricultores.
En declaraciones a los medios tras una conferencia este martes en Esade, Simon ha abogado por promover esta línea de negocio con la intención de impulsar una "cartera empresarial equilibrada" para Agbar entre los tres elementos que la configuran: industria, ciudad y agricultura, que hoy en día tienen un peso del 70%, el 20% y el 10%, respectivamente.
Aumentar la proporción que representa la agricultura en este mix es el objetivo que el directivo se marca para los próximos diez años, en los que espera haberse convertido en proveedor de esta actividad económica y no solo trabajar a través de concesiones como hace ahora.
Esta apuesta se enmarca en la voluntad de Agbar de "anticiparse" a las consecuencias que puede tener el cambio climático, como inundaciones y sequías extremas.
El directivo ha defendido que la compañía debe garantizar su desarrollo sostenible con la cooperación entre el sector privado y el público como elemento básico, y también debe establecer una relación directa con los ciudadanos, puesto que se ha pasado de "las tres 'P' a las cuatro: de la participación público-privada a la participación público-privada y personas".
CRÍTICA A LOS IMPUESTOS
El presidente ejecutivo de Agbar ha criticado los elevados impuestos con los que considera que se grava el suministro de agua, que ha detallado que representan el 77% de la factura que percibe el consumidor y que tan solo el 33% restante es la cantidad que recibe ésta por la prestación del servicio.
En ese mismo sentido, ha defendido que la empresa subvenciona el 33% a las familias que no pueden pagar por el servicio básico que la empresa vende, mientras que ha recalcado que "no hay ninguna administración que subvencione nada a éstas".
"Nunca hemos cortado el agua a aquellas familias que por motivos de pobreza no la podían pagar", ha sostenido.
Simon ha explicado que la compañía ha llevado a cabo esta práctica "siempre", pero que a partir de 2012 empezó a aplicar de manera reglada a través de acuerdos con los ayuntamientos y diversas entidades sociales, por lo que a día de hoy la empresa exime de pagar a alrededor de 16.400 familias, que representan un total de 50.000 personas.
