LLEIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Alpicat, Pau Cabré (CiU), ha admitido este jueves posibles errores administrativos en el Ayuntamiento, que ha sido registrado por la Guardia Civil por presuntos pagos y contrataciones irregularidades.
"Puede ser que haya algún error administrativo, pero nunca penal", ha afirmado en rueda de prensa el también presidente del Consell Comarcal del Segrià.
El alcalde ha contado que la secretaria del juzgado número 3 de Lleida se ha presentado "con un puñado de guardias civiles, con una orden de registro de las instalaciones del Ayuntamiento", y ha calificado la actuación de desproporcionada porque siempre que el juzgado ha pedido documentación, el consistorio ha sido diligente.
También se ha referido al hecho de que una denuncia del PSC haya motivado el registro, ante lo que ha afirmado que las elecciones "se han de ganar en las urnas, no en los juzgados".
Como ya había relatado el abogado del Ayuntamiento, Carlos López, Cabré ha señalado que la Guardia Civil se ha llevado 30 expedientes de contratación y que no ha habido ningún detenido ni ningún imputado.
Cabré ha querido enviar a los vecinos de su pueblo un mensaje de tranquilidad a través de los medios de comunicación, y ha dicho: "No tenemos ningún problema para tranquilizar a los vecinos de Alpicat. Nuestra situación es de lo más legal del mundo, si hay una baja por jubilación, se contrata".
Respecto a la crítica que ha hecho este jueves Stop Corrupció Alpicat, acusando al Ayuntamiento de contratar sin sacar plazas a concurso público, Cabré ha afirmado que el Ayuntamiento ha formalizado contratos de obra y servicio y ha contratado parados siempre con el visto bueno de los funcionarios del consistorio.
A la pregunta de los medios sobre la contratación de una maestra en la guardería, hija de un concejal, ha admitido que "puede ser".
"Los hijos de los concejales también tienen derecho a trabajar y ella estaba trabajando en la guardería que acabó la concesión con el Ayuntamiento", ha agregado Cabré.
ALCALDE ABSUELTO POR LA AUDIENCIA
La Audiencia de Lleida lo absolvió en febrero del año pasado del delito contra la ordenación del territorio por el que el Juzgado Penal 1 le había condenado a ocho meses de prisión y a ocho años de inhabilitación por haber autorizado a la población la construcción de una nave de una empresa de transportes en una zona no urbanizable 1999.
En su sentencia, la Audiencia de Lleida estimaba también los recursos del secretario y de la arquitecta de Alpicat que habían sido condenados con Cabré y remarcaba que "no cabía hablar de que obraran con conocimiento de actuar al margen del ordenamiento jurídico".
