10 de diciembre de 2019
  • Lunes, 9 de Diciembre
  • 19 de noviembre de 2019

    Amnistía Internacional critica la interpretación "peligrosa" del TS de la sedición aunque ve un juicio justo

    Amnistía Internacional critica la interpretación "peligrosa" del TS de la sedición aunque ve un juicio justo
    Adriana Ribas, Esteban Beltran y Daniel Joloy (Amnistía Internacional). - EUROPA PRESS

    Pide anular las condenas por sedición a Sànchez y Cuixart y su libertad "inmediata"

    BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

    Un análisis de Amnistía Internacional (AI) sobre el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo (TS) ha calificado de evidente este martes que la sentencia tiene una "interpretación excesivamente amplia y peligrosa" del delito de sedición, y pide revisarlo en el Código Penal porque considera se define de forma vaga, aunque no ve elementos para hablar de un proceso injusto.

    La organización ha hecho pública esta martes su valoración sobre la sentencia y el juicio al 1-O en una rueda de prensa en Barcelona, en la que también ha afirmado que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, deben ser puestos "en libertad de forma inmediata y sus condenas deben ser anuladas".

    "A la vez que nuestro análisis no encontró ningún factor que indicase que el juicio en su conjunto fuese injusto, es evidente que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo del delito de sedición fue excesivamente amplia y se tradujo en la criminalización de unos actos de protesta legítimos", afirma el comunicado hecho público en la rueda de prensa.

    También ha afirmado que la vaguedad de la definición del delito de sedición permite imponer restricciones al derecho de libertad de expresión y de reunión, y "pone en cuestión las condenas por sedición impuestas a los dirigentes políticos".

    El director de AI España, Esteban Beltrán, ha dicho que Sànchez y Cuixart "nunca debieron ser encarcelados por unos hechos que, como la sentencia reconoce, fueron eminentemente pacíficos", y ha destacado que por su condición de miembros de la sociedad civil les ampara el derecho de libertad de expresión y de reunión, lo que su organización distingue de los exmiembros del Govern y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

    La coordinadora de AI Catalunya, Adriana Ribas, ha señalado de Sànchez y Cuixart que "aunque la finalidad fuera impedir una actuación policial, no incitaron a la violencia", y considera que el cargo de sedición es excesivamente severo ante unos actos que se enmarcan en la desobediencia civil, por lo que lo ha pedido que se inicie un procedimiento para anular la condena por sedición en su caso.

    Además de la libertad de Sànchez y Cuixart y de anular sus condenas, Beltrán ha explicado que AI recomienda revisar "sustancialmente la definición del tipo penal de sedición" para asegurar que no se imponen penas desproporcionados en actos relacionados con la libertad de expresión, y asegurar que todos los condenados por sedición puedan presentar recursos a la sentencia atendiendo a la vulneración del principio de legalidad que la organización ha criticado.

    Respecto a los posibles recursos a la sentencia, Ribas ha avisado de que AI pedirá a la fiscal del Tribunal Constitucional (TS) que tenga en cuenta que "la vulneración del principio de legalidad supone una vulneración de los derechos de los condenados".

    PIDE REVISAR EL CÓDIGO PENAL

    Beltrán ha detallado que no han encontrado elementos para considerar el juicio injusto según los estándares internacionales, aunque ha pedido que se revise la definición del delito de sedición en el Código Penal: "No está definida de manera accesible y previsible. Cualquier persona debe saber qué actos le afectan penalmente y cuál puede ser la pena por esos actos".

    Ha explicado que comparten "las preocupaciones del TS por las declaraciones de políticos que ya consideraban condenados" a los enjuiciados por el 1-O antes de la sentencia, aunque ha afirmado que eso no se ha reflejado en el fallo y por lo tanto no ha provocado que deje de ser un juicio justo.

    VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

    El asesor legal y de políticas de AI Daniel Joloy ha explicado que la organización considera que, de la manera en que está definido el delito de sedición, permite la criminalización de protestas pacíficas y vulnera el principio de legalidad, que "supone la necesidad de definir cualquier conducta de forma clara pasa saber si es legal o ilegal", ha detallado.

    Joloy también ha opinado que la definición de la sedición permite condenar a "una amplia gamma de acciones de desobediencia civil que son legítimamente usadas para expresar disidencia" y ha criticado que la sentencia reconoce que las acciones del 20 de septiembre de 2017 fueron pacíficas pero se ajustan a la sedición por el gran número de personas que participaron en la protesta.

    Ha cuestionado que se limite el número de personas que pueden ejercer el derecho de reunión a la vez, y augura que puede tener un afecto disuasorio por el temor a participar en manifestaciones aunque sean totalmente pacíficas: "No queda explícito en la sentencia que este tipo penal no pueda ser aplicado a otra persona que estuviera en el 20S o el 1-O aunque no sean líderes o autoridades".

    Al preguntársele si las personas que han participado en la campaña de autoinculpaciones de Òmnium Cultural podrían acabar investigadas por sedición, Joloy ha respondido: "Esa es una de nuestras mayores preocupaciones Debido a la ambigüedad, abre la puerta a que cualquier persona que estaba ahí pueda ser imputada".

    Contador

    Lo más leído en Catalunya