MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, defendió hoy la actuación del Ejecutivo autonómico respecto al Archivo de la Guerra Civil porque se constituye "en la defensa del patrimonio histórico de todos los españoles de la agresión a la que lo están sometiendo los socialistas, con el presidente Rodríguez Zapatero a la cabeza".
Clemente visitó hoy FITUR, donde firmó un convenio de colaboración con las CCAA del Camino de Santiago y Turespaña para impulsar esta vía. "Este Archivo se basa en tener los originales. Nadie entendería que los cuadros del Prado pintados por un catalán fueran a Catalunya. Es lo mismo con el Archivo, es un cuerpo documental que se fractura y lo dejamos dividido y sin sentido", defendió.
La consejera respondía también a las críticas del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien aseguró hoy que las últimas decisiones judiciales anulan el intento del PP de enfrentar a los españoles. "Fustigar el enfrentamiento entre españoles es lo que está haciendo el Gobierno de la Nación. El de Castilla y León defiende el patrimonio histórico de todos los españoles de la agresión a la que lo están sometiendo los socialistas con el presidente Rodríguez Zapatero a la cabeza", respondió.
Silvia Clemente quiso explicar hoy la decisión de la Audiencia Nacional que permite que continúe el viaje de los documentos que ya han salido de Salamanca hacia Barcelona. Aclaró que se trata de una resolución sobre una petición cautelar de que esos documentos no se movieran de Madrid, pero no sobre el fondo del asunto pendiente de resolución: el recurso de la Junta por considerar que parte de lo que ha salido ya del Archivo es documentación que no pertenece a la Generalitat y que, por tanto, se ha incumplido la Ley de Restitución aprobada.
"Eso no es lo que ordena la ley. Hay documentación que nunca le perteneció (a la Generalitat)", reiteró la consejera, para insistir en su confianza en el Estado de Derecho y en las instancias que permanecen abiertas.
Además de la vía en la Audiencia Nacional, sigue su curso el recurso sobre la constitucionalidad de la ley, ante el Tribunal Constitucional. "Es el arma más importante para que esta ley sea declarada nula y toda la documentación permanezca donde debe estar, en el Archivo de Salamanca", manifestó. La consejera recalcó que se trata de instancias diferentes "y en absoluto comparables".
Mientras se resuelve esta cuestión, la Junta quiere que cautelarmente se paralice el traslado porque parte de lo que va a salir de Salamanca tiene como destinatarios a particulares (1.500 de las 2.000 cajas). Si un día, entiende el Gobierno autonómico, los tribunales le dan la razón y los papeles tienen que volver a Salamanca, las cajas de la Generalitat estarán localizadas pero las de los particulares "no se podrán encontrar".
"La ley es tan negativa que no ha previsto la protección de estos documentos", dijo Clemente. "El Tribunal Constitucional tiene que inmovilizar ese fondo para que cuando decida sobre la validez o no de esta ley, los documentos sigan estando en un lugar en el que se pueda encontrar. La documentación de los particulares se perderá porque no hay ninguna salvaguarda por la ley: pueden venderlo, sacarlo del país, hacer lo que quieran", concluyó.
