BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) - El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este martes que la sentencia del Tribunal de Cuentas que obliga a él y nueve exmiembros de su Govern a abonar a la Generalitat 4,9 millones de euros por la organización del proceso participativo del 9N es una venganza y una aberración, pero ha remarcado: "Nos ha hecho daño, pero no nos da miedo". En rueda de prensa en el Palau Robert junto a los exconsellers Irene Rigau, Francesc Homs y Joana Ortega, el expresidente ha asegurado que afrontan la sentencia con firmeza y serenidad, y ha remarcado que si alguien piensa que se van a "hundir" se equivocan. Ha recordado que la encargada de la sentencia es la exministra Margarita Mariscal de Gante, del Gobierno de José María Aznar, por lo que poco podían esperar de su imparcialidad, y ha ironizado que el tribunal parece más un "tribunal de ajuste de cuentas", como ha renombrado a la sala. Ha afirmado que la sentencia juzga hechos políticos y no contables recordando que el delito de malversación no llegó a juicio en la vía penal, ha sostenido que el fallo del tribunal "sigue los dictados que se hicieron desde el PP", ha considerado que la magistrada ya tenía la resolución en la cabeza, para lo que ha forzado y se ha saltado la normativa, y ha recordado que la Generalitat no les reclama nada. El expresidente, que ha agradecido las muestras de apoyo, ha subrayado que la sentencia del Tribunal de Cuentas puede ser un "aviso a navegantes" para aquellos que intenten seguir consultando a la ciudadanía, y ha reiterado que seguirán apoyando a aquellos que estén en primera línea del proceso soberanista. Ha remarcado que fueron sensibles a organizar una consulta sobre el futuro político de Catalunya, y que lo hicieron con "convicción, coherencia, sentido democrático y buen servicio a la democracia y Catalunya", y ha reiterado que lo volverían a hacer. Artur Mas ha afirmado que es consciente de que un proceso como el que vive Catalunya tiene "daños colaterales", que se intentan minimizar, y ha dicho que entre estos figuran gente en prisión preventiva, otra que se encuentra en el extranjero y otra que irá a juicio. Ha remarcado que se trata de "intentos de destrucción personal", pero ha asegurado que continuarán con la cabeza alta al considerar que no cometieron ningún pecado ni delito con el proceso participativo del 9N, y el exconseller Francesc Homs ha afirmado que lo recurrirán ante el Tribunal de Cuentas. Mas ha asegurado que la cifra final de la sentencia puede llegar a los 5,2 millones, ya que se deben sumar los intereses, y ha recordado que ya pusieron como fianza sus hogares, que en caso de acabar mal el proceso podrían acabar subastados para que "la Generalitat, que no reclama nada, recupere un dinero que no se ha malgastado", lo que ha calificado de paradójico. La exconsellera Irene Rigau ha remarcado que los ordenadores de los que habla la sentencia se adquirieron correctamente y se encuentran funcionando en las escuelas, por lo que cree que el tribunal ha juzgado la "oportunidad política" de comprar o no los equipos. Por su parte, la exvicepresidenta Joana Ortega ha recordado que el fallo es producto de que Societat Civil Catalana lo llevara al Tribunal de Cuentas, y ha criticado que la magistrada se otorgue el papel de "garante de la Constitución" cuando su función es ver si ha habido o no irregularidad contable o financiera. En la rueda de prensa, el expresidente y los exconsellers han estado acompañados de diputados de JxCat como Eduard Pujol y Eusebi Campdepedrós y el presidente del PDeCAT, David Bonvehí.
