El PP y UpB ven posibles "problemas jurídicos" en la operación
BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno municipal de Barcelona (CiU) y el PSC han acordado desencallar el otorgamiento de la autorización municipal a la Generalitat para vender la casa Burés del Eixample y que se convierta en hotel de lujo, un consentimiento que solo dará previo pago de los 19 millones de euros que el Govern aún adeuda al consistorio por la compra del edificio.
En la comisión municipal de Economía se ha dado el visto bueno inicial --con el 'sí' del gobierno de CiU y del PSC, la reserva de voto del PP, la abstención de UpB y el 'no' de ICV-EUiA-- al trámite que falta para sacar adelante la subasta y venta del edificio: la redención del censo del inmueble, que sería el consentimiento del Ayuntamiento sin el cual la venta no puede ejecutarse.
La aprobación definitiva se hará en el pleno, y la segunda teniente de alcalde y responsable de Economía, Sònia Recasens (CiU), ha afirmado que debían "desencallar" el porvenir de la casa modernista, dado su deterioro y la deuda, y es que la Generalitat debe 19 de los 26 millones por los que el Ayuntamiento vendió la casa, el mismo importe por la que la había comprado.
El acuerdo de CiU y el PSC, en el que también han participado vecinos del Eixample derecho, supone también que el Ayuntamiento compre y destine a equipamiento de proximidad un espacio de 650 metros cuadrados en la calle Ausias March, y que el edificio de transformadores de la zona se califique como equipamiento --ahora está calificado de zona verde-- y se destine a equipamientos.
Se da el caso de que la zona del Eixample derecho es uno de los barrios con menos equipamientos de Barcelona si se compara su número en relación a la densidad de población, lo que también ha puesto de manifiesto Javier Mulleras (PP), que pide que los beneficios de la operación también repercutan en equipamientos para el barrio y el de Fort Pienc.
EDIFICIO VANDALIZADO
Los partidos han destacado el vandalismo del que ha sido objeto el edificio, que lleva años en desuso, y la exconcejal del Eixample, la socialista Assumpta Escarp, ha justificado el acuerdo con el gobierno en parte por que "no se puede seguir dejando en manos de la vandalización", mientras que el resto de grupos han expresado sus dudas sobre la operación.
Mulleras cree que genera "un problema jurídico" porque no se ha anulado el convenio de la venta del edificio a la Generalitat según el cual lo adquiría para desarrollar actividades propias de sus sedes y organismos --se había planteado destinarlo a la Conselleria de Economía--, y el líder de UpB, Jordi Portabella (ERC), también ve problemas jurídicos.
Portabella ha recordado que el Ayuntamiento ha pretendido conservar el edificio por su alto valor patrimonial y garantizar que fuese público, y nada de esto ha ocurrido, mientras que Joaquim Mestre (ICV-EUiA) defiende calificarlo de equipamiento --está calificado como vivienda-- e instar a la Generalitat a cumplir su compromiso de darle uso público y rehabilitarlo.
