MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borrs, tiene intención de presentar el 11 de junio sus alegaciones sobre el suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo para investigarla por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La diputada independentista apura así el plazo de diez días que le dio la Comisión del Estatuto de los Diputados para presentar sus alegaciones, un trámite que condicionará la fecha de votación del suplicatorio en el Pleno del Congreso.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió el pasado 25 de mayo la comunicación cursada por la Sala de lo Penal de este órgano que eleva suplicatorio en relación con la diputada independentista, y al día siguiente la Mesa del Congreso ya puso en marcha el procedimiento parlamentario, que se espera resolver en menos de sesenta días.
Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento, es la Comisión del Estatuto de los Diputados quien debe examinar los suplicatorios, siempre en reuniones a puerta cerrada, y hacer una propuesta al Pleno en el plazo de 30 días hábiles.
JUNTS PIDE UN INFORME A LOS LETRADOS
En su primera reunión para tratar el caso de Laura Borrs, la Comisión que preside la diputada del PSOE Begoña Nasarre dio un plazo hasta el 11 de junio para dar audiencia a la interesada con el fin de que presente sus alegaciones, ya sea por escrito o bien de forma oral ante la misma.
La formación de Borrs, representada en la comisión por el diputado Jaume Alonso Cuevillas, uno de los abogados de Carles Puigdemont, aprovechó esa reunión para pedir un informe a los letrados de la Cámara sobre el procedimiento parlamentario del suplicatorio, por lo que la comisión volverá a reunirse este jueves para solventar las dudas de Junts, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
La intención de Borrs, según su entorno, es presentar sus alegaciones presencialmente el próximo 21 de junio, al filo del plazo. Después, la Comisión del Estatuto del Diputado deberá tomar una decisión y elevar una propuesta al Pleno, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios, la comisión ha decidido en poco más de dos semanas.
Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
31 SUPLICATORIOS CONCEDIDOS
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último que salió adelante --el 22 de noviembre de 2016-- fue el del portavoz de la antigua Convergncia, Francesc Homs, ahora también en Junts como Borrs, investigado en su día por el Supremo por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya cuando era conseller de Presidencia. En aquella ocasión el suplicatorio se aprobó con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos mientras que Unidos Podemos y los nacionalistas votaron en contra.
En las legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del exministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
