La fianza de 5,8 millones está cubierta pero hay propiedades embargadas
BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad ha pedido este sábado 700.000 euros para que se levanten embargos sobre propiedades de los 17 procesados por malversación el 1-O por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que les impuso una fianza de 5,8 millones --que ya ha quedado cubierta--.
En una rueda de prensa este sábado con ANC y mnium, la presidenta de la Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad, Núria de Gispert, y su vicepresidente, Ernest Benach, --ambos expresidentes del Parlament-- han pedido las donaciones para levantar los embargos.
Benach ha afirmado que este sábado "además de reflexionar, estaría bien continuar con este ejercicio de solidaridad", y ha detallado que el jueves pasado se cubrió la fianza al aportar 2,1 millones de euros, después de que la jueza considerara insuficientes los 3,7 millones ingresados inicialmente.
"Tenemos a 17 personas que tienen sus cuentas corrientes inmovilizados y embargadas, que no pueden disponer de su dinero, y estamos a final de mes y hay que pagar hipotecas, los recibidos de las escuelas, el parking... Y no lo pueden hacer", ha dicho, aunque posteriormente ha puntualizado que esperan que el Juzgado levante el embargo de las cuentas bancarias el lunes.
Benach ha negado que en un primer momento la jueza rechazara aceptar el depósito porque proviniese de la Caja de Solidaridad, y ha explicado que solo se financian con cargo a sus fondos las fianzas por responsabilidad civil y los gastos legales de personas sin recursos --no así la manutención de los líderes independentistas en el extranjero--.
Preguntado por cuál ha sido la aportación más alta recibida hasta ahora, Benach ha afirmado no poderlo revelar, y tampoco ha indicado cuánto dinero queda en la Caja de Solidaridad porque cuanta más información dan, "las fianzas son más altas".
12 MILLONES RECAUDADOS EN DOS AÑOS
De Gispert ha agradecido la solidaridad de personas, entidades y empresas "que días y semanas ponen su grano de arena y piden continuamente" si tienen la misma cuenta, y que han permitido que la Caja de Solidaridad haya recaudado un total de 12 millones de euros en sus dos años de actividad, según ha detallado.
Sobre la causa judicial, ha denunciando "un empeoramiento de la justicia española a marchas forzadas" en los últimos 10 años, algo que a, su juicio, sitúa el sistema judicial español a la altura del de Turquía.
Ha tachado de vergonzosa la suspensión de los diputados juzgados por el 1-O ante el Tribunal Supremo (TS), porque a su parecer se ha hecho al margen de la LOREG, del Reglamento de la cámara y utilizando la LECrim como "arma que tienen desde hace meses para atacar los derechos de los catalanes".
"Cuando decimos que nos tenemos que ir, lo decimos por esto. No podemos continuar en un país que piensa cada día cómo atacar a los catalanes y las catalanas", ha dicho, y ha lamentado que los procesados por el 1-O en Barcelona se tengan que enterar de los embargos sobre su patrimonio por la prensa, según ella.
ANC Y MNIUM
El vicepresidente de mnium Cultural, Marcel Mauri, ha sostenido que "en el Estado español se siguen vulnerando derechos fundamentales" con la suspensión de los diputados presos y la consecuente alteración de mayorías políticas, ha apuntado.
Considera que el juicio a los procesados por el 1-O es una "persecución a los servidores públicos que lo que hicieron simplemente fue que la ciudadanía el 1 de octubre pudiese ejercer su derecho a la autodeterminación".
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, también ha criticado la suspensión de los diputados presos, y ha mantenido que los gastos asociados al 1-O no pueden ser constitutivos de un delito de malversación "porque organizar un referéndum no es delito".
Paluzie se ha quejado de que Instrucción 13 fijara la fianza en 5,8 millones, frente a los 2,1 que decretó el TS o las cifras que dieron esta semana las peritos de Hacienda que comparecieron en el juicio del 1-O.
También ha tildado de irregular que los encausados vieran sus cuentas inmovilizadas cuatro días antes de que la jueza decretara oficialmente el embargo el 20 de mayo.
