BARCELONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una de las acusaciones populares personadas en el denominado 'caso Treball' ha solicitado 14 años de prisión para el ex conseller Ignasi Farreres por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. Esta acusación es ejercida por el militante crítico de UDC --mismo partido que Farreres-- Xavier Rotllan y se añade a la que ejerce ICV, que ya presentó sus calificaciones.
En las conclusiones provisionales presentadas hoy ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona Rotllan también pide una inhabilitación absoluta de diez años, una inhabilitación especial de seis años y otra inhabilitación para empleo o cargo público para otros diez años, además de una multa de 288.000 euros.
La acusación pide las mismas penas para Josep Maria Servitje, ex secretario general de la Conselleria, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ex cuñado del diputado de UDC Josep Sánchez Llibre y propietario de las empresas Gestumer y Socesca --adjudicatarias de los informes fraudulentos-- y Santiago Vallvé, responsable de una de las empresas adjudicatarias de los estudios y ya condenado por el caso 'Turisme', pero exculpado en esta causa.
En su escrito, la acusación particular considera que Farreres aprovechó su cargo de conseller y Servitje su cargo de secretario general para adjudicar, desde 1995, estudios para cursos de formación laboral considerados plagios. Estos estudios se encargaron a las empresas Gestumer SL, Socesca SL --condenadas por estos hechos-- y, según Rotllan, a Isa Consultores SL por cantidades que rondan los 6.000 euros cada uno.
ICV SOLICITA SEIS AÑOS PARA FARRERES.
Por su parte, ICV solicitó, el pasado mes de junio, seis años y medio de cárcel para Farreres, Servitje y Acuña, por el presunto desvío de fondos del departamento a través de estudios fraudulentos en la época de gobierno de CiU.
Además, ICV solicita para los tres imputados el pago de una multa de 5.400 euros y su inhabilitación durante ocho años y medio para ejercer un cargo u ocupación pública. Asimismo, la formación ecosocialista reclama que los procesados indemnicen a la Generalitat con 46.157,73 euros, que es el importe de las "contrataciones fraudulentas realizadas".
Ahora faltan por entrar en el juzgado las conclusiones provisionales de la Fiscalía y la de la acusación particular, ejercida por la Generalitat.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 11 decidió el pasado mes de mayo continuar el proceso contra Farreres, Servitje y Acuña, mientras que decidió archivar provisionalmente la causa contra Santiago Vallvé, responsable de una de las empresas adjudicatarias de los estudios, al entender que no existen indicios de criminalidad en su conducta.
Sin embargo, desestimó el recurso de reforma interpuesto por la defensa de Acuña a principios de junio, en el que se solicitaba que se archivara el caso y se acordara el sobreseimiento de su representado.
El juez recordó que Acuña confesó el pasado mes de mayo que ordenó plagiar los ocho estudios de la Conselleria de Trabajo investigados y que exculpó a los altos cargos de la Conselleria, asegurando que éstos no tenían conocimiento de los hechos.
El imputado afirmó que engañó a los responsables de la Conselleria de Trabajo aprovechándose de su credibilidad profesional, mediante la entrega de unos informes carentes de valor --pero aparentemente correctos-- para conseguir desviar fondos en perjuicio de la Administración.
NO EXISTEN INDICIOS CONTRA VALLVÉ.
Por otra parte, el juez también desestimó el recurso de reforma que interpuso la acusación particular ejercida por la Generalitat contra el sobreseimiento provisional de Santiago Vallvé, socio de Acuña en las empresas beneficiarias.
El magistrado decidió a finales de mayo archivar provisionalmente la causa contra el imputado al entender que no participó "en los concretos hechos por los que sigue esta causa", a pesar de su intervención, a través de las sociedades que controlaba, en otros estudios que fueron objeto de investigación.
A finales de junio, el juez ratificó dicha decisión al entender que no existen "indicios de delito alguno" contra Vallvé. Según el auto, "no consta intervención alguna del mismo en las contrataciones" y "tampoco que se beneficiara de éstas ni directa ni indirectamente".
De hecho, Vallvé y Acuña fueron condenados por la Audiencia de Barcelona a tres y dos años y medio de cárcel, respectivamente, por malversación de fondos procedentes del Consorci de Turisme de Catalunya, en el denominado 'caso Turisme'. En esta ocasión, Gestumer y Socesca fueron beneficiarias de estudios fraudulentos encargados por el consorcio.
