Marcel Mauri asegura que la amnistía sería "la única y verdadera" prueba de que la voluntad de diálogo es sincera
BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de profesionales del derecho ha reclamado este lunes que en los espacios de diálogo entre el Estado y el Govern se aborde "de todas todas" la aprobación de la amnistía como el mecanismo más adecuado para permitir la resolución del conflicto.
En un manifiesto presentado este lunes en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), los juristas también reclaman la anulación de todas las causas judiciales abiertas contra "el millar largo de represaliados políticos".
Exigen la "libertad inmediata y sin restricciones" para los nueve políticos encarcelados mientras que el Tribunal Constitucional (TC) no resuelva el recurso de amparo presentado por el presidente de mnium Cultural, Jordi Cuixart, el pasado viernes contra la sentencia por sedición que le impuso el Tribunal Supremo y que supuso una pena de prisión de nueve años.
Han leído el manifiesto el miembro de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya Jordi Domingo; la catedrática y coordinadora del Collectiu Praga, Merc Barceló; la miembro de la asociación Iridia Snia Olivella; la miembro del Collectiu Ronda Carme Herranz, y el vicepresidente de la ANC, Pep Cruanyes.
AMNISTÍA, PRUEBA DE DIÁLOGO
Durante el acto, el vicepresidente de mnium Cultural, Marcel Mauri, ha exigido que el TC declare inconstitucional el delito de sedición y ha insistido que la amnistía para los políticos encarcelados y en el extranjero sería "la única y verdadera" prueba de que la voluntad de diálogo es sincera.
Mauri ha sostenido que desde mnium no tienen ninguna confianza ante el sector judicial español pero que a la vez tienen la obligación y el deber de poner estos poderes del Estado, que a su juicio son opacos, ante el espejo "tantas veces como sea necesario".
"No se condena solo a Cuixart y a nueve presos, todos los socios de nuestra entidad o a los represaliados, se crea una jurisprudencia que atenta contra el derecho a protesta de toda la ciudadanía y de los movimientos sociales", ha añadido, y ha alertado que la democracia en el Estado español está peligro desde la sentencia del 1-O.
Cree que hay una auténtica presión de Estado promovida por los altos poderes del Estado con el objetivo de acabar con las protestas pacíficas del independentismo: "Las manifestaciones pacíficas no se pueden entender como alteración del orden público, hacerlo es propio de regímenes no democráticos".
MANIFIESTO
En el manifiesto, los profesionales del derecho rechazan la sentencia del juicio del 1-O porque consideran que representa "una involución gravísima del ejercicio legítimo de derechos colectivos fundamentales", especialmente del derecho de reunión y de libertad de expresión.
También han advertido de las "graves consecuencias de la represión" de Estado español contra la disidencia en todas sus formas y han criticado lo que consideran una vulneración del principio de legalidad penal porque el delito de sedición no está amparado por el derecho interno y no es homologable en países del entorno europeo.
"Ante la restrictiva y sesgada visión del Tribunal Supremo, reconocemos la figura de la desobediencia civil como herramienta legítima, útil y plenamente vigente para la defensa efectiva de derechos fundamentales", han manifestado.
También han condenado "las numerosas irregularidades que se produjeron en un juicio" y han puesto de manifiesto que los poderes del Estado hicieron prevalecer la razón de Estado por encima de la razón jurídica desactivando la carta de los derechos de la Constitución, en sus palabras.
Los abogados que representaron a los líderes independentistas encarcelados durante el juicio del 1-O Jordi Pina, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas, Marina Roig y lex Sol también forman parte de los juristas firmantes del manifiesto.
