Están arrestados dos responsables de la empresa Apliaciones Gespol SL
BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido este martes a cinco personas en Catalunya en el marco de la operación anticorrupción con registros en varios ayuntamientos de toda España por la contratación presuntamente irregular de aplicaciones de tráfico.
Entre los arrestados hay dos responsables de la empresa Aplicaciones Gespol SL, filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona, donde la Policía Nacional realiza un registro desde primera hora de este martes, han informado a Europa Press fuentes policiales.
Según ha explicado el Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona) en un comunicado, también está detenido un funcionario para que declare ante el juez.
En Tiana (Barcelona) ha sido detenido un técnico municipal que también es policía local y en Lleida ha sido detenido el cabo de la Policía Local responsable de los servicios de informática, que ha quedado en libertad con cargos después de declarar a la espera de ser citado por el juez, ha informado a Europa Press la Policía Nacional.
El Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona) ha explicado en un comunicado que de momento no les consta relación con Aplicaciones Gespol SL pero que, a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), están preparando información requerida de posibles expedientes de contratación de sistemas de control de tráfico como cámaras de seguridad y radares.
15 DETENIDOS PASARÁN A DISPOSICIÓN DEL JUEZ
En el operativo, iniciado la mañana de este martes y liderado por agentes de la Udef junto con la Fiscalía Anticorrupción, se prevén detenciones principalmente en la Comunidad de Madrid, Catalunya, Asturias y Castilla y León.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, de las varias detenciones realizadas, inicialmente serán 15 los detenidos --entre los que hay empresarios y cargos públicos-- que pasarán a disposición del titular del Juzgado de Instrucción 2 de Badalona (Barcelona), que dirige la operación.
Se han practicado 49 entradas y registros en varios ayuntamientos, despachos y sociedades así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de, como mínimo, cinco comunidades autónomas.
La causa, declarada secreta, está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
