BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Círculo de Economía, principal 'lobby' empresarial de Catalunya, sostuvo hoy que la administración de justicia en España está politizada y reclamó más "independencia e imparcialidad" en los organismos reguladores para evitar así posibles efectos negativos en los mercados económicos, según indican en su informe 'Los retos de la seguridad y la justicia en España'.
La reflexión, presentada hoy en Barcelona, destaca que actualmente la ciudadanía tiene la idea de "ineficacia y politización" cuando piensan en la justicia. En lo que respecta a la ineficacia, apuntan como causas el retraso a la hora de resolver conflictos, la "imprevisibilidad de sus decisiones" y el "obsoleto sistema de selección y promoción del personal judicial".
MENOS RELACIÓN ENTRE POLÍTICA Y JUSTICIA.
El presidente del Círculo de Economía, José Manuel Lara Bosch, afirmó que actualmente hay un "sistema perverso", mientras que el miembro de la junta directiva Josep López Burniol apuntó que la composición de los organismos jurídicos y reguladores es una "réplica de la distribución política en el gobierno", por lo que consideró que funcionan como "correas de transmisión".
Para evitar esta politización, los empresarios catalanes proponen que en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reproduzca "la relación de fuerzas existente en el Congreso y en el Senado", y que se potencie "la intervención parlamentaria en la evaluación de los candidatos". Además, apuestan por una "comparecencia periódica" del presidente del CGPJ ante las comisiones parlamentarias.
Por otro lado, proponen que se reforme el sistema de elección de personal, teniéndose mucho más en cuenta la experiencia profesional, que se exijan responsabilidades a jueces, magistrados y fiscales, que se defina claramente cuál es el sistema de elección del Ministerio Fiscal y que se reduzcan las competencias de la Audiencia Nacional en los delitos de terrorismo, entre otros aspectos.
REGULADORES INDEPENDIENTES E IMPARCIALES.
Para un correcto funcionamiento de la sociedad y del sistema económico, el Círculo de Economía considera que los organismos reguladores "han de garantizar su independencia e imparcialidad" y que deben tener un carácter "escrupulosamente arbitral". El informe afirma que los gobiernos y partidos políticos "nos tienen acostumbrados desde hace años a ciertas dinámicas que en nada benefician al buen funcionamiento de la actividad empresarial".
El miembro de la junta directiva Joaquim Triadú afirmó que estos organismos deben tomar sus decisiones con "silencio mediático" y consideró que "no es normal" que muchos de ellos sean protagonistas de noticias a diario. "Se hace una utilización política de las decisiones", añadió.
Triadú también dijo que "no hay ningún partido político que no tenga los dedos manchados de mermelada" y que esto perjudica al mercado por la apariencia que se da al exterior. Además, explicó que las propuestas que presentan no suponen un cambio total del sistema, sino que piden que aquellos que trabajan para la administración de justicia y los organismos reguladores pasen "un proceso de análisis que permita que cuando cojan el cargo tengan independencia de criterio".
Entre las propuestas del Círculo de Economía en referencia a los reguladores figuran que se controle la idoneidad de los reguladores para llevar a cabo su función, que los órganos de gobierno de los organismos se sientan supervisados, que sean transparentes y que se reduzca el número de personas que forman los órganos colegiados, entre otros aspectos.
PACTO POLÍTICO.
Considerando que la seguridad no debe reducirse sólo al orden público, sino que es esencial para que exista un buen funcionamiento del mercado, los empresarios catalanes piden a los partidos políticos "que se comprometan a los consensos necesarios" y que faciliten la "modernización" necesaria para conseguir un correcto funcionamiento del sistema jurídico.
El presidente del Círculo de Economía afirmó que en la situación actual ve "difícil" que se consigan pactos de estado, por lo que esta petición de consenso la han encaminado hacia la próxima legislatura, después de las elecciones generales que se celebrarán en marzo de 2008.
El informe concluye que son necesarios "una oposición parlamentaria responsable, un sistema judicial eficiente, unos organismos reguladores independientes y una administración pública profesional" para que exista un correcto funcionamiento del sistema jurídico. Por esta razón, considera que este debe preservarse "del sectarismo partidista y del oportunismo electoralista".
