BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los diputados de CiU decantarán el miércoles la prohibición o no de las corridas de toros en Catalunya, en la votación definitiva en el Parlament del proyecto de ley, que finalmente no será secreta, como sí fue cuando se sometió a votación en la cámara la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que instaba a prohibirlos.
Aunque fuentes de todo el arco parlamentario consultadas por Europa Press apuntan a un 'sí' a la prohibición a partir de enero de 2012, será determinante la postura de una docena de parlamentarios de CiU que en la admisión a trámite de la ILP votaron en contra o se abstuvieron.
A favor de la prohibición votarán los diputados de ERC e ICV, mientras que el PSC dará libertad de voto, aunque la mayoría se alineará con PP y C's a favor de que sigan las corridas, según las citadas fuentes.
En diciembre del pasado año, con el apoyo de 67 de los 135 diputados del Parlament se admitió a trámite la ILP, respaldada por 180.000 firmas recogidas por la Plataforma Prou!, en una votación secreta en la que CiU y PSC concedieron libertad de voto a sus diputados.
Según cálculos de la Plataforma para la Promoción y la Difusión de la Fiesta de los Toros, solo necesita conseguir el voto favorable de cuatro diputados de CiU para garantizar la continuidad de los festejos taurinos en Catalunya, tras asegurar que diez representantes de UDC ya se han comprometido a votar contra la prohibición.
Según la Plataforma, la suma de votos de PSC, PP y Grupo Mixto --que a priori votarán en contra de la prohibición--, suman 54 diputados, a tan solo 14 de lograr la mayoría absoluta en el Parlament.
AVAL DEL CONSELL DE GARANTIES
A principios de este mes, el Consell de Garanties Estatutàries publicó un dictamen, en respuesta al recurso presentado por el PP, en el que afirma que la Generalitat es competente para prohibir las corridas de toros en la comunidad.
Afirma en su escrito que la Generalitat tiene "competencia exclusiva" en la regulación de espectáculos públicas y añade que la prohibición no atentaría contra los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la cultura. Por ello, el máximo órgano que interpreta el Estatut abre la puerta a que la votación sea vinculante.
