BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
CiU ha llevado a la Fiscalía los informes encargados por el tripartito y que afectan a siete consellerias, según han confirmado a Europa Press fuentes de la federación.
La federación quiere que los tribunales decidan si, mediante estos estudios, hubo malversación de fondos públicos, se financió irregularmente a partidos o bien se saltaron los procedimientos estipulados de contratación pública, ya que parte significativa de los informes los hicieron empresas o personas afines a PSC, ERC e ICV-EUiA, según ha avanzado TV3.
De esta forma, el tripartito deberá dar explicaciones ante los tribunales de los informes que encargó, y que el propio Govern reconoció en una auditoría interna que uno de cada diez encargos eran inútiles.
La denuncia se presentó a finales de mayo, antes de que empezara la comisión de investigación en el Parlament por el 'caso Millet', y afecta a los informes encargados por siete conselleries: dos socialistas --Trabajo y Agricultura, Alimentación y Acción Rural--, una de ICV-EUiA --Interior, Relaciones Institucionales y Participación-- y cuatro de las cinco de ERC --Innovación, Universidades y Empresa; Acción Social y Ciudadanía, Cultura y Gobernación y Administraciones Públicas--.
El Govern reconoció haber encargado informes técnicos a personas externas de la administración por un coste de 31 millones de euros, de los cuales el propio tripartito dice que 729.000 fueron para informes inútiles.
Algunos de estos informes se adjudicaron a personas vinculadas con los partidos, como militantes, diputados, ex altos cargos y asesores. Entre los informes más polémicos, había algunos cuyo título era 'Seguimiento de la concha brillante', 'Estudio del murciélago Nana como control de la plaga de la mariposa del arroz en el delta del Ebro' y 'Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable'.
El 30 de abril de 2009 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) abrió "diligencias procesales" tras una denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias, en la que consideraba que el Govern podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
A mediados de mayo, el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells (PSC), admitió en el Parlament la Generalitat ha gastado "demasiado" en informes, aunque aseguró que no ha habido ningún tipo de delito en este tipo de encargos, y que había encargos en los que que "no está justificado" el precio abonado.
Tras la polémica de los informes, el Govern aprobó este junio crear una comisión interna que analizará los informes y verificará si son útiles. El nuevo órgano se reunirá dos veces al año, aunque los informes seguirán sin ser públicos, como pedía la oposición.
La presunta corrupción se está consolidando como la columna vertebral de la precampaña de las elecciones catalanas.
A la judicialización de los informes, hay que añadir la comisión parlamentaria que investiga sobre si CDC y su entorno pudieron financiarse de forma irregular a través del desvío de fondos del Palau. La comisión también está aportando luz sobre el proyecto del hotel del Palau, que esta semana se saldó con nuevos imputados, entre ellos el del cuarto teniente de alcalde barcelonés y ex secretario general de Presidencia durante los gobiernos de Pasqual Maragall, Ramon García-Bragado.
