BARCELONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de la Dignitat ha advertido al Gobierno de que llevarán ante las Naciones Unidas el caso de los 'papeles de Salamanca' --documentos del archivo de Salamanca incautados a instituciones, entidades y particulares durante la Guerra Civil-- si dichos documentos no vuelven a Catalunya, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que avala su restitución a la Generalitat.
"Requerimos de nuevo la transferencia a Catalunya de esta documentación así como de diversos departamentos de la Generalitat localizados en el archivo militar de Ávila, de otro modo lo pondremos en conocimiento del relator de las Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparación y políticas de no repetición", ha afirmado el coordinador de la comisión, Josep Cruanyes, en una carta del lunes dirigida al ministro de Cultura en funciones, José Guirao.
La Comissió de la Dignitat ya envió una carta a Guirao a principios de su mandato reclamándole poner fin al "expolio documental hecho por el franquismo en Catalunya", y en esta ocasión, como en la primera misiva, ha vuelto a pedir una reunión con el ministro.
Cruanyes ha sostenido que el hecho de estar en funciones no exime al Gobierno de cumplir la sentencia del TS, que avala la transferencia de un fondo documental fijado en 2011 por una comisión mixta del Estado y la Generalitat.
Mientras no se ejecute la sentencia, se incumple el "deber del Estado de hacer justicia con las víctimas" del régimen franquista, en contra de lo que en su momento pidió el relator de las Naciones Unidas Pablo Greiff, ha afirmado Cruanyes.
MÁS DOCUMENTOS
Además de los 'papeles de Salamanca' y del archivo municipal de Ávila, la Comissió de la Dignitat ha pedido la "inmediata restitución de la documentación de los Ayuntamientos catalanes que, como la Generalitat, tenían el derecho de recuperar los documentos requisados del 1936 al 1939 contra su voluntad".
También ha reclamado la transferencia a la Generalitat de la gestión de los archivos del gobierno civil y de la Brigada de Orden Público franquista para garantizar "el acceso de los ciudadanos a la documentación de la represión franquista".
