Cuatro inhabilitados por fingir contrataciones a una empresa de vigilancia, cuyo trabajo hizo y cobró el clan 'Los Manolos'
BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha condenado por un delito de prevaricación administrativa a una trama de falsos contratos en el barrio de La Mina de Sant Adri del Bess (Barcelona), en la que en 2016 falsearon contrataciones a una empresa de vigilancia que nunca operó, mientras que el clan familiar 'Los Manolos' cobró el trabajo en efectivo a sabiendas del segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Ramos.
En el juicio, dos de los acusados --el patriarca del clan 'Los Manolos', Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina; y el titular de la empresa adjudicataria del servicio anteriormente, José Fernández Franco-- reconocieron los hechos, y el último explicó que no pudo presentarse de nuevo al concurso público por impagos a Hacienda: ahora, la sentencia de la Audiencia de Barcelona considera probado que pactaron una comisión para José Fernández Franco, quien contrató al administrador de la nueva empresa adjudicataria a cambio de una comisión compartida con Amaya, quien realmente hacía el trabajo.
Así, la empresa Visegurity recibió los pagos directos del Consorcio del Barrio de la Mina a través de transferencias bancarias periódicas, y al recibirlas hacía, a la vez, transferencias a las empresas que administraba José Fernández Franco --el anterior adjudicatario--, sumando un total de 41.058 euros reenviados con este sistema.
Por su parte, José Fernández Franco retiraba parte del dinero en efectivo --en total, 27.400 euros-- y entregaba una parte a Amaya, para lo que el tribunal señala que al menos cuatro veces "tuvieron encuentros que se producían en dos fases diferenciadas": primero, José Fernández Franco quedaba con el concejal Juan Carlos Ramos y le daba un sobre con una parte del dinero en efectivo recibido de Visegurity; después, el concejal quedaba con Amaya y le entregaba el mismo dinero.
CONDENAS
Por estos hechos, la sección 6 de la Audiencia de Barcelona condena a los cuatro implicados por un delito de prevaricación administrativa, y les impone una pena de inhabilitación.
Para el concejal, a quien los magistrados consideran autor del delito, la inhabilitación es de nueve años, y para el administrador de Visegurity de siete años en calidad de cooperador necesario.
En cuanto a Amaya y a José Fernández Franco, el tribunal les considera a ambos cooperadores necesarios, y estima la atenuante de confesión, por los que les condena a una inhabilitación de dos años y tres meses.
