Cree que el decreto carece de la "necesaria precisión" en cuestiones relevantes
BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Estado ha pedido al Gobierno rectificar el proyecto de Real Decreto que desarrolla la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que obliga a la Generalitat a pagar una escuela privada para garantizar la educación en castellano a los alumnos cuyos padres lo requieran.
En un informe con fecha de 29 de mayo sobre la disposición 38 --'Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal'--, al que ha tenido acceso Europa Press, la institución "aconseja llevar a cabo un desarrollo que atienda a las previsiones legales a desarrollar y al marco constitucional en la que está llamado a insertarse".
Según afirma, el desarrollo normativo de la disposición "no lo hace de manera adecuada", pues ni la memoria ni el proyecto ofrecen elementos suficientes para determinar la razonabilidad de la oferta de enseñanza y los límites y las condiciones de la asunción del gasto efectivo de escolarización por el Estado y su subsiguiente cargo a las comunidades.
Destaca que el proyecto "carece de la necesaria precisión en cuestiones relevantes" por su carácter de norma reglamentaria, y reitera la falta de criterio que permita valorar la proporción razonable entre las lenguas y los gastos de escolarización.
Este órgano sostiene que el elevado nivel de conflictividad competencial que presenta normalmente la materia educativa es una realidad que "ha de ser tenida en cuenta a la hora de normar en este concreto ámbito", con el fin de garantizar la adecuación de las diferentes normas al orden de distribución de competencias y a su interpretación por el Tribunal Constitucional (TC).
El Consejo hace esta afirmación después de recordar que el pleno del TC ha acordado admitir a trámite recursos de inconstitucionalidad sobre la disposición en cuestión, entre ellos, el de la Generalitat.
La disposición afirma que, si la programación anual de la Administración educativa competente no garantiza oferta docente sostenida con fondos públicos en que el castellano sea vehicular, "el Ministerio de Educación asumirá íntegramente, por cuenta de la administración educativa correspondiente, los gastos de escolarización de estos alumnos en centros privados".
Sobre la coordinación de la actividad financiera del Estado y las Comunidades Autónomas, el Consejo concluye que se echa en falta una "valoración adecuada del impacto de esta iniciativa normativa en las Comunidades Autónomas implicadas", en línea con lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
OBSERVACIONES
Critica el mismo título del proyecto al afirmar que "excede de los contornos admisibles y es excesivamente prolijo', y cree que se debería incluir una referencia sobre la compensación de los gastos de escolarización.
Además, considera "un tanto excesivo" el plazo de seis meses de duración del procedimiento y ve más coherente que sean tres, puesto que puede darse que el reconocimiento o denegación de este derecho se produzca cerca del fin de curso y perjudicar a las familias afectadas.
También solicita revisar o suprimir el artículo 2.2, que considera no razonable las ofertas de enseñanza en castellano que impliquen la escolarización fuera del municipio del domicilio o zona de escolarización, porque traslada a las autonomías "la carga de justificar la razonabilidad de su oferta de enseñanza en castellano sin precisar el momento en que habrá que desplegar sus efectos".
