El Libro Verde de la Administración de justicia recomienda que ningún magistrado o funcionario pueda alegar desconocimiento del catalán
BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de la Justicia de Catalunya (CJC), el órgano consultivo de las administraciones e instituciones jurídicas catalanas, aprobó hoy las 102 recomendaciones del Libro Verde de la Justicia y rechazó todas las enmiendas presentadas, varias de ellas contrarias a la descentralización de la justicia.
De las 11 recomendaciones que tenían enmiendas, seis de ellas eran para reducir el grado de descentralización de la justicia promovido en el texto. Además, de éstas, cinco eran de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret.
Las enmiendas más polémicas se referían a las recomendaciones para que el TSJC sea la última instancia efectiva como tribunal de casación en derecho estatal, que los profesionales de la justicia no puedan alegar desconocimiento del catalán, que el personal de apoyo pase a ser competencia de la Generalitat y que se instituya el Consejo Territorial de Justicia, quien asumiría parte de las competencias del CGPJ.
En concreto, fueron rechazadas tres enmiendas a la recomendación 95 que impulsa la reforma estatutaria y legislativa que "desconcentre territorialmente el ejercicio de las funciones del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), instituyendo un Consejo Territorial de la justicia" en el que el Parlament intervendría en su designación.
La enmienda de Alegret limitaba la recomendación a la "ampliación de las competencias de la Sala de Gobierno" del TSJC y a la creación de un órgano para "la toma coordinada de decisiones" que afecten al TSJC, la Fiscalía, la Conselleria y los colegios profesionales para realizar "propuestas de mejora".
En la defensa de su enmienda, Alegret aseguró que el CGPJ "se ha politizado", por lo que "extender este modelo a las comunidades autónomas no sería bueno". La presidenta del TSJC apostó por la "delegación" de competencias por parte del CGPJ pero no por su "descentralización". Alegret también defendió que los órganos de gobierno mantengan como mínimo la mitad de los miembros designados por los jueces y magistrados.
LAS ASOCIACIONES DE MAGISTRADOS SE OPONEN.
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) quería suprimir toda la recomendación, mientras que la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) reclamaba que solamente se reforzara competencialmente la Sala de Gobierno del TSJC y que se crearan órganos mixtos paritarios para coordinar las distintas administraciones. Ambas asociaciones reclamaron que los políticos no intervengan en el gobierno de los órganos judiciales.
Al final de las votaciones, el ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se fijó en este punto y recordó que durante la Transición el PSOE y el Partido Comunista ya propusieron crear consejos territoriales de justicia.
También fueron rechazadas tres enmiendas de supresión de la recomendación 82 que insta a "adoptar las medidas legales y organizativas" para que ninguno de los profesionales de Justicia que "están obligados a mantener relación directa con los usuarios pueda alegar desconocimiento de alguna de las lenguas cooficiales".
En su intervención, Alegret señaló que la lengua catalana no puede ser un requisito para el ejercicio profesional en la justicia y recordó que en Catalunya no hay "suficiente tradición de carrera judicial" como para garantizar la presencia de jueces y fiscales. En este sentido, señaló que hay jueces de fuera de Catalunya que vienen por poco tiempo.
Igualmente, recordó que la recomendación 83 ya insta a una modificación legal para garantizar que los ciudadanos puedan escoger la lengua en los procedimientos judiciales.
Por su parte, la APM y la AJFV reclamaron que el conocimiento del catalán sea solamente un mérito y que se potencie su conocimiento.
En cambio, el conseller de Justicia, Josep Maria Vallès, aseguró que "hay mecanismos para hacer posible la habilidad lingüística" de los profesionales no catalanes. Además, recordó que la recomendación no obliga a saber hablar catalán y apuntó que la legislación puede establecer distintos grados de conocimiento o un margen de tiempo para aprenderlo.
Las enmiendas de Alegret y la APM a la recomendación 13 también fueron rechazadas ampliamente. Esta recomendación impulsa la reforma estatutaria y legislativa para que el TSJC se convierta en "última instancia efectiva como tribunal de casación en derecho estatal y derecho propio de Catalunya, excepto del recurso de unificación de doctrina en derecho estatal".
Alegret propuso suprimir la referencia a la casación en derecho estatal, mientras que la APM solicitó suprimir toda la recomendación. Ninguna de las enmiendas fue aprobada.
EQUIPARACIÓN DEL PERSONAL DE JUSTICIA.
En la recomendación 40, se promueve la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el régimen del personal de apoyo a la acción judicial y a la Fiscalía pase a ser competencia de las comunidades autónomas. En esta ocasión Alegret propuso añadir al texto una enmienda para que se "mantenga en la regulación de estatuto personal aspectos básicos o fundamentales homogéneos para todo el Estado".
Otra recomendación sobre la misma cuestión, la homologación de las condiciones básicas de trabajo del personal de justicia y del personal de la Generalitat para "avanzar hacia su equiparación", también fue aprobada rechazando una enmienda de supresión de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y otra enmienda de Alegret para eliminar la referencia a la equiparación.
La sexta recomendación a favor de la descentralización judicial es la 23 que insta a asegurar que la Generalitat ejerza "un papel protagonista y goce de opinión vinculante en la formulación de propuestas legislativas de modificación de la demarcación y planta judiciales de Catalunya".
La APM pidió su supresión total, mientras que la UPSJ quiso añadir que el CGPJ y el Ministerio de Justicia podrían alegar "problemas organizativos o presupuestarios" para oponerse a ello. Ambas enmiendas también fueron rechazadas.
Las demás enmiendas rechazadas cuestionaban algunas recomendaciones sobre los jueces de paz, la distinción de funciones en las oficinas judiciales, el fomento de las carreras de jueces y fiscales, o los criterios para establecer las dotaciones de los secretarios judiciales.
Al finalizar el acto, el conseller se mostró satisfecho del debate que hubo y señaló que los puntos de acuerdo superan ampliamente los desacuerdos.
Por su parte, Alegret, a pesar de haberse rechazado todas sus enmiendas, destacó el "espíritu positivo" del debate, aunque lamentó que "con un poco más de tiempo" hubiera habido más acuerdos.
A partir de ahora, el CJC se dividirá en pequeños grupos de trabajo temáticos para priorizar algunas recomendaciones, aunque el conseller advirtió que su eficacia no se verá hasta dentro de unos meses.
TRABAJO NO FINALIZADO QUE EMPEZÓ EN JULIO DE 2004.
Las recomendaciones aprobadas hoy siguen los 16 documentos de trabajo del Libro Verde, encargado por el CJC en julio de 2004 y del que se presentó su borrador de unas 600 páginas un año después, con el añadido de aportaciones posteriores.
Para adecuarse al modelo territorial catalán, el documento propone revisar la distribución geográfica de los partidos judiciales, así como superar la actual división provincial. Además, se insta a favorecer la concentración de juzgados, órganos judiciales y partidos judiciales. Igualmente, apuesta por potenciar los juzgados de paz y la justicia de proximidad.
El documento también propone disminuir el número de casos que llegan a los juzgados, fomentando fórmulas de resolución alternativa de conflictos o disminuyendo la litigación temeraria.
