13 de diciembre de 2019
  • Jueves, 12 de Diciembre
  • 18 de noviembre de 2019

    La defensa de Quim Torra ve "motivación política" en las órdenes de la JEC y pide absolución

    La defensa de Quim Torra ve "motivación política" en las órdenes de la JEC y pide absolución
    El president de la Generalitat, Quim Torra, en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde ha sido citado para declarar por no retirar símbolos independentistas del balcón del Palau de la Generalitat, en Barcelona /Catalunya (España) - POOL

       BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

    El abogado Gonzalo Boye, que defiende al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este lunes la absolución en el juicio por presunta desobediencia y ha asegurado que "hay una motivación política detrás de la actuación" de la Junta Electoral Central (JEC).

    En el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el letrado también ha defendido que la JEC carecía de competencia para ordenar a Torra que retirara los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en marzo y ha criticado a dos miembros del órgano electoral por emitir opiniones críticas con el presidente de la Generalitat.

    Ha asegurado que la JEC ejerció una "función absolutamente expansiva incompatible con los valores democráticos" y ha dicho textualmente que este órgano hizo colonialismo puro y duro al ir colonizando ámbitos ajenos a su competencia, en sus palabras.

    Sobre la presunta falta de competencia de la JEC para dar órdenes a Torra, ha argumentado que la ley establece que este órgano tiene potestad disciplinaria y sancionadora sobre personas que intervengan con carácter oficial en las elecciones, y ha resaltado que en las elecciones de abril "la Generalitat catalana no tenía ninguna participación ni intervención" en los procesos electorales.

    Ha lamentado que el TSJC no ha permitido el derecho "a interrogar a quien acusa" a Torra, en referencia a los miembros de la JEC que llevaron la presunta desobediencia del presidente de la Generalitat a la Fiscalía.

    Boye también ha cuestionado que se busque "la neutralidad absoluta del espacio público" y ha indicado que cuando juzgan a un republicano en un juzgado o tribunal hay una foto del Rey que preside la sala.

    "LO QUERÍAN SENTAR EN EL BANQUILLO"

    También ha insistido al terminar de exponer su informe, durante algo más de una hora, que el cumplimiento de la orden de la JEC era inasumible por parte de Torra, y ha dicho que "lo querían sentar en el banquillo fuera por desobediencia o fuera por prevaricación".

    En su intervención en el final del juicio, Boye ha asegurado que la orden de la JEC de retirar símbolos de todos los edificios de la Generalitat no se podía cumplir, y ha puesto como ejemplo el Palau de Justicia que acoge la sede del TSJC, porque es propiedad de la administración catalana pero Torra no puede ordenar ninguna retirada de símbolos de este edificio.

    El abogado defensor también ha cuestionado la imparcialidad de los miembros del TSJC, tras iniciar su informe alertando de un déficit democrático, por lo que ha señalado: "Algo está fallando cuando 10 de los últimos 12 presidentes de la Generalitat han terminado en prisión" o condenados.

    "FALTA DE RESPETO" A TORRA

    El letrado ha criticado que en el juicio ha habido una falta de respeto hacia Torra porque "mientras no se le prive de su condición de presidente de la Generalitat hay que referirse al señor Torra" como Muy Honorable, y ha destacado la importancia de respetar las apariencias en Derecho.

    El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha afirmado al final del juicio que el tratamiento dado a Torra --con un 'Don' o 'Señor' delante de su apellido-- es equiparable al que se otorga a cualquier otro ciudadano y que "se ha cuidado mucho de usar tratamientos" que puedan sugerir un trato de favor.

    Asimismo, Boye ha resaltado que la JEC "ha emitido idéntica resolución a Vox por no permitir el acceso de todos los medios de comunicación a sus mítines y a sus ruedas de prensa", pero que el partido que ejerce la acusación popular no ha acatado ninguno de estos acuerdos, por lo que ha pedido al fiscal que tome nota.

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