BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a dos miembros del consejo de administración de un grupo de clínicas odontológicas y ha imputado a un tercer integrante por la presunta falsificación de contratos y facturas para obtener financiación y créditos para el grupo.
El grupo de clínicas contaba con establecimientos en Barcelona, Tarragona, Girona, Huesca y Santander.
Según ha informado este martes el Instituto Armado, el pasado mes de septiembre y bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona, la Unidad de Delitos Económicos y Tecnológicos inició la investigación de la denominada 'operacaión Dentar'.
Las indagaciones de la Guardia Civil tuvieron su origen en la querella presentada por un socio y miembro del consejo de administración de este grupo, dirigida contra varias personas del mismo por la presunta comisión de diferentes delitos en la administración de la sociedad.
La Guardia Civil pudo determinar que las tres personas implicadas habrían realizado apuntes contables falsos para incrementar el patrimonio de la sociedad y ofrecer apariencia de solvencia con el fin de engañar al resto de accionistas y también a futuros inversores y, de este modo, obtener financiación y concesión de créditos, entre los que destacaba el préstamo de 1,5 millones de euros aprobado por el Institut Català de Finances (ICF), justificado mediante el uso de facturas falsas de proveedores y contratos de compra o traspaso de clínicas, también falsos, que sirvieron para justificar el destino del crédito.
Para obtener este crédito de inversión --que el ICF pagaba a medida que se justificaba el desembolso para el que se había concedido-- los gestores de la sociedad presentaron para este fin una serie de documentos --facturas, contratos y pagarés-- falsos.
Según informa la Guardia Civil, las irregularidades de la documentación que paulatinamente se presentaba "no fueron detectadas por los mecanismos de control de los analistas del ICF".
Los investigadores practicaron dos entradas y registros en Santa Perpètua de Mogoda y Sant Cugat del Vallès, donde, además de ser incautada documentación relacionada con el caso, detuvieron a los dos miembros del consejo de administración, y posteriormente imputó a un tercer integrante.
La Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Catalunya investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales, cometidos en 2009 y 2010, y la sociedad --acogida actualmente a concurso de acreedores-- presentaba un déficit de 9,5 millones de euros.
