BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Diplomcia Pública de Catalunya (Diplocat) reactivará "en breve" su actividad después de que el anterior Gobierno central del PP procediera a su liquidación a finales de 2017 como una de las medidas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que la reactivación puede producirse en marzo, aunque todo dependerá del estado de las obras de la nueva sede en la que se instalarán, ubicada en la Rambla Santa Mónica.
Después de que en junio el Govern acordara dejar sin efecto la decisión del 155, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presidió en diciembre el segundo pleno del Diplocat desde su restablecimiento, en el que se acordó el nombramiento de Laura Foraster como la nueva secretaria general del órgano.
Foraster ocupa así la posición que dejó vacante Albert Royo, que fue cesado el mismo octubre de 2017 por parte del Gobierno que presidía Mariano Rajoy.
SEIS AÑOS DE ACTIVIDAD
El Diplocat, un organismo público-privado, cerró definitivamente en abril de 2018 tras seis años de actividad por la aplicación del 155, que ya lo había dejado inoperativo desde octubre del año anterior, y dejó sin empleo a 17 personas.
Fue creado en 2012 por el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas con el objetivo de reforzar la imagen exterior de Catalunya y las relaciones internacionales de la Generalitat.
Sin embargo, tras la proclamación de la independencia en el Parlament el 27 de octubre de 2017, el Gobierno del PP aplicó el artículo 155 de la Constitución y una de las medidas adoptadas fue precisamente el cierre de las delegaciones en el extranjero --menos la de Bruselas-- y la extinción del organismo diplomático.
En diciembre de 2017, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reivindicó que fue Rajoy el que puso freno a las delegaciones catalanes en el exterior y se refirió también al fin del PDeCAT: "Ahora se llama Diplocat en liquidación".
Agentes de la Guardia Civil entraron en abril de 2018 en la sede del Diplocat con una orden de registro del titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, para investigar los supuestos pagos realizados a los observadores del referéndum del 1 de octubre.
