La Policía española niega los maltratos y asegura que los argentinos no cumplían los "requisitos" para entrar en España
BARCELONA/UENOS AIRES, 29 Ene. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
Una pareja de artistas argentinos ha presentado una demanda contra el Estado español ante un tribunal de la ciudad de Córdoba, la segunda en importancia del país, por presuntamente haber sido maltratados y discriminados cuando llegaron al Aeropuerto de Barcelona, donde supuestamente fueron retenidos durante 48 horas y expulsados del país tras ser tildados de "sudacas".
Walter Ricardo V. y María Silvia A. son bailarines del ballet oficial de la provincia de Córdoba, y el 17 de noviembre habían viajado a Barcelona para, según su versión, asistir a la boda de un familiar, pero la Policía no les permitió ingresar en el país y, según los demandantes, les llamaron "sudacas".
El abogado Alejandro Severín, que les representa, afirmó a la prensa que presentó una demanda ante un tribunal federal de la provincia de Córdoba, en la que se pidió un resarcimiento de un millón y medio de pesos (unos 320.000 euros), "por discriminación y malos tratos".
En declaraciones a una emisora de radio argentina recogidas por Europa Press, el letrado explicó que se realizó "una demanda penal en contra de los cuatro policías españoles que dependen de Migraciones", que tienen "identificados por número de placas, por el delito de discriminación" y violación de la Convención de eliminación de la discriminación racial y la Convención contra la tortura y el trato degradante de la ONU.
"La justicia argentina es competente para hechos ocurridos en territorios del espacio internacional, porque ellos nunca ingresaron a España, y porque fueron privados de su libertad y su documentación durante 48 horas y recién la recuperaron cuando aterrizaron en el aeropuerto de Córdoba", agregó Severín.
Según la pareja, a su llegada a Barcelona se iban a alojar en el domicilio de un familiar. En ese momento llevaban 200 euros en efectivo y tarjetas de crédito internacionales, además de contar con los billetes de regreso a Argentina para el 5 de diciembre y tener toda su documentación en regla, siempre según su versión de los hechos.
El abogado precisó que al llegar al aeropuerto de Barcelona fueron "arbitrariamente separados de la fila, llamados despectivamente 'sudacas', como si fueran invasores, y detenidos durante 48 horas en condiciones infrahumanas", y añadió que "esto es lo que está pasando con los latinoamericanos".
VERSIÓN POLICIAL MUY DIFERENTE.
La versión de la Policía española es muy distinta. Según explicaron a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), los dos artistas "no cumplían los requisitos" para entrar en España. Además, negaron cualquier trato vejatorio o de maltratos.
A parte del pasaporte en regla, los argentinos deben demostrar suficientes medios de subsistencia. Para ello, es necesario acreditar la posesión de 60 euros por persona por cada día de permanencia en España, billetes de vuelta y una reserva de alojamiento o carta de invitación.
Según estas fuentes, los dos argentinos sólo llevaban 100 euros en metálico y ninguna tarjeta de crédito internacional, como afirman. Tampoco tenían reservado ningún alojamiento y no sabían ni el nombre ni la dirección del familiar con el que tenían que encontrarse.
Los dos pasajeros explicaron a los agentes que habían sido invitados por el dueño de un restaurante para dar una sorpresa a un pariente que se casaba. Sin embargo, no conocían el nombre del novio ni donde era el restaurante. Por todo ello, se decidió expulsarles, aunque, también al contrario de lo que afirman, no estuvieron más de 24 en la sala de devoluciones del aeropuerto de El Prat.
Las mismas fuentes explicaron que la abogada, española y de Barcelona, que les asesoró, les despidió por desacuerdos con ellos. Además, en aquel momento no denunciaron ni malos tratos ni vejaciones, y la Policía española se pregunta porqué lo denuncian ahora, dos meses después del incidente.
El caso terminará probablemente en la Corte Suprema de Justicia, único tribunal competente para juzgar a funcionarios de un Estado extranjero. La Policía española no ha recibido todavía ninguna comunicación oficial sobre la apertura de una investigación en el país suramericano.
