BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La economía protagonizará mañana el pleno del Parlament, con la comparecencia del presidente de la Generalitat, José Montilla, en la que expondrá cómo el gobierno catalán afronta la crisis económica.
Desde el PSC, apuntan que Montilla hará un diagnóstico muy preciso y muy real de la situación económica actual de Catalunya, sin ahorrar ningún dato negativo pero tampoco cayendo en la exageración.
Montilla comparece a voluntad propia, en la última sesión del actual periodo de sesiones. Se prevé que el presidente intervenga en primer lugar, seguido del turno de réplica de los grupos, tras el cual Montilla podrá volver a hablar.
También relacionado con la crisis económica, el Parlament votará el Decreto ley de medidas urgentes en materia fiscal y financiera del 4 de julio, que el Govern promovió aduciendo "la necesidad extraordinaria y urgente" de actuar para "contrarrestar, atenuar y paliar la situación económica catalana actual".
Promulgar este tipo de decretos es una posibilidad que establece el nuevo Estatut, y que ejerce por segunda vez el Govern de Montilla tras hacerlo en noviembre, cuando el Parlament convalidó un Decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística.
Entre las medidas que se incluyen en el Decreto ley, destacan la ampliación de las líneas de crédito del Institut Català de Finances (ICF), para afrontar desde el sector público las demandas crediticias, parte de las cuales no satisface al sector privado, que, en el actual contexto de desaceleración, ha optado por endurecer las condiciones que da a sus prestatarios.
El pleno también aprobará el proyecto de Ley de Seguridad Industrial, que dará más libertad a los usuarios para que puedan elegir quien hace la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), garantizando al mismo tiempo que ninguna compañía preste más del 5 por ciento del total del servicio en Catalunya.
La segunda ley que se debatirá es la de carreteras, que establece que la Generalitat tendrá las competencias de toda la red básica y comarcal no reservada al Estado, mientras que las diputaciones provinciales sólo se centrarán en la red local. Además, restringe la publicidad en las carreteras, impidiendo instalar vallas a menos de cien metros de la calzada, y se dan dos años para retirar las que no se ajustan a la normativa.
