BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones empresariales de la Comunidad Portuaria del Puerto de Barcelona han alertado este jueves de que en caso de que se apruebe definitivamente el Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria defenderán sus intereses en los órganos correspondientes, "llegando si fuera necesario al Tribunal de la Competencia Europeo".
Lo han dicho en un comunicado, firmado por la Asociación de Empresas Estibadoras de Barcelona, la Asociación de Consignatarios de Barcelona, la Asociación de Transitarios de Barcelona y Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona, la Asociación Catalana de Empresas Portuarias, la Asociación Catalana de Empresas de Remolcadores de Tráfico Interior y Exterior de Puertos de Barcelona y Provincia, la Asociación de Transportistas Empresarios de Contenedores, la Cooperativa de Transportistas del Puerto (Cotraport) y el sindicato de trabajadores portuarios OEPB-Coordinadora.
Las asociaciones han manifestado su oposición frontal al fondo, que el Ministerio de Fomento prevé impulsar en las próximas semanas mediante un Decreto Ley, ya que consideran que "coarta gravemente" la capacidad de invertir del Puerto en el futuro.
Han remarcado que durante la crisis las empresas de la comunidad portuaria han hecho un esfuerzo muy importante reduciendo sus precios y márgenes e invirtiendo en la infraestructura en los últimos años una cifra de 2.000 millones de euros.
"Ahora que se intuye un cambio de tendencia económica, nuestro esfuerzo se vuelve en nuestra contra y a favor de nuestros competidores", han lamentado.
"Es una perversidad que el dinero que aportamos las empresas al Puerto vía tasas o vía canon de concesión vayan a parar a un fondo que financie obras en otros puertos que beneficiarán a otros concesionarios que son competidores directos nuestros", han añadido.
Los miembros de la Comunidad Portuaria han afirmado que con esta medida se desvirtúa el espíritu de la ley de puertos de 1996 que otorgaba cierta autonomía a estas infraestructuras, especialmente en el ámbito económico y financiero, y que, a su juicio, "se ha ido modificando los últimos años con un sesgo recentralizador y de control que atenta contra la autonomía de gestión".
