Critica el aumento del uso de porras por parte de los antidisturbios en protestas
BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Centre per la Defensa del Drets Humans Irídia, que lleva un decena de procedimientos judiciales derivados de actuaciones policiales durante la jornada del referéndum del 1 de octubre, ha avisado del aumento de la violencia institucional en Catalunya desde el 20 de septiembre con los registros en departamentos del Govern y el 1-O, una tendencia que se confirma al alza en 2018 especialmente en manifestaciones.
En la rueda de prensa este jueves de presentación del informe anual sobre vulneraciones de derechos humanos del Servicio de atención y denuncia de violencia institucional (Saidavi), el director estratégico de Irídia, Andrés García, ha explicado que están "muy preocupados" porque este año les han llegado ya 80 casos, cuando el año pasado --sin contabilizar todas las atenciones por el 1-O-- fueron 52.
Concretamente, de estos 80 casos de 2018, un total de 69 fueron por violencia institucional en el marco del derecho de reunión y manifestación, muchos de ellos (44) por las manifestaciones ante la Delegación del Gobierno en Catalunya en protesta por el proceso penal contra el 1-O y por la liberación de los presos soberanistas y durante la visita del Rey.
García ha lamentado que actualmente los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra "están dando muchos golpes de porra" a la ciudadanía que acude en las manifestaciones, en muchos casos en puntos vitales como la cabeza, y ha reclamado abrir una investigación interna para determinar si hay una práctica irregular establecida, además de apostar por crear una mesa de trabajo entre la policía catalana y entidades de DDHH.
También ha pedido mejorar la identificación de los antidisturbios de todos los cuerpos policiales para que no solo estén identificados con un código por detrás, y que también lo estén por delante y en el casco, con un número más visible, y ha destacado que iniciarán una campaña con Amnistía Internacional con un acto en Madrid para impulsar la prohibición de las pelotas de goma en toda España.
BALANCE 1-O
Respecto al 1-O, la directora de Litigios de Irídia, la abogada Anaïs Franquesa, ha recordado que los servicios médicos atendieron a 1.066 personas en toda Catalunya como consecuencia de actuaciones policiales y que actualmente el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investiga unos 250 casos --si bien algunos se han ido archivando--.
Ese día, Irídia participó en la campaña '#SomDefensores', junto con Novact, con un dispositivo legal y una red de observadores con unos 200 profesionales, atendiendo a 104 personas, de las que 77 sufrieron lesiones y 27 fueron testigos.
Irídia está llevando actualmente 12 casos representativos de casos penales de lesiones en seis centros educativos de Barcelona: Escola Ramon Llull, Escola Mediterrània, Institut Pau Claris, Escola Els Horts, L'Escola de la Prosperitat y Escola Àgora.
En la rueda de prensa ha estado presente Raquel Figa, una votante del Institut Pau Claris el 1-O que estaba en la escalera cuando un policía dio una fuerte patada, que fue grabada en un vídeo convertido en viral, y ha explicado que sufrió "un trato degradante y muy violento".
"ANGUSTIA Y HUMILLACIÓN"
En su intervención, ha detallado que lo sufrido no fue solo una agresión física sino que muchos afectados padecen sensaciones de "angustia, impotencia y humillación" tras la actuación policial.
Figa ha indicado que entre los afectados hay sensación de impotencia porque muchos no tienen vídeos que permitan identificar a los policías que actuaron, y ha constatado que, aunque no todos llegarán a juicio, que algunos puedan llegar hasta el final "será un gran paso" hacia su dignidad humana, en sus palabras.
La causa judicial por este y otros casos del Juzgado 7 de Barcelona está en la fase de análisis de la ingente cantidad de material visual y para el próximo martes han sido citados testigos que aportaron vídeos con actuaciones policiales del caso de Roger Español, que perdió un ojo por una pelota de goma durante la actuación policial.
FISCALÍA
Sobre el papel adoptado por la Fiscalía en este caso, Franquesa ha criticado su actitud "obstructiva" y lo ha considerado un problema grave porque el Ministerio Fiscal debe representar el interés general en base al principio de legalidad, por lo que hay un fallo de funcionamiento, según su análisis.
Por ello, Irídia recomienda crear un servicio especializado en violencia institucional dentro la Fiscalía de Barcelona como ya existe para los delitos de odio, ha reclamado Andrés García.
