Lamenta que los recortes "drásticos" han deteriorado el estado de bienestar
BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay ha lamentado este jueves la "injusticia" de que el Gobierno haya dejado sin acceso a la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social a los inmigrantes irregulares desde el 1 de septiembre.
Los inmigrantes en situación irregular seguirán siendo atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pese a no tener tarjeta sanitaria, pero en caso de que el médico le recete un medicamento deberán pagar una parte o la totalidad de su precio en función de la dolencia para la que esté indicado.
"Si dejamos sin sanidad a la gente más rica del país probablemente sería una injusticia, pero les sería más fácil protestar y organizarse; a los que no tienen nada les es muy difícil", ha alertado en declaraciones a los medios tras pronunciar en Barcelona una conferencia bajo el título de 'Derechos fundamentales y la asignación equitativa de los recursos públicos'.
Gay ha recordado que los inmigrantes irregulares son, en la mayor parte de los casos, los sectores más débiles de la sociedad, los que tienen menos recursos y menos capacidad de reivindicación de sus derechos, por lo que ha avisado de que su situación tiene que ser tratada "con mucha atención".
Es más, el exvicepresidente del Constitucional ha alertado de que "una política que menosprecia los derechos de los extranjeros" es, a su juicio, no solamente contraria a sus derechos fundamentales, sino también al sentido de la Humanidad que, ha recordado, debe presidir cualquier medida del Gobierno.
Ya durante la conferencia organizada dentro del 'V Encuentro Estatal de Defensorías Locales' y en la que fue presentado por la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vila, ha avisado de que la prioridad de los políticos debe ser "el estado social" ya que, ha insistido, existe una mal reparto de la riqueza.
También ha considerado que los recortes "drásticos" que han llevado a cabo la mayoría de países europeos han provocado un deterioro del estado de bienestar, aunque ha reconocido que no hacer nada también podría haber llevado a la ruina.
En este sentido, ha insistido en que los gobiernos deben esforzarse en que los esfuerzos recaigan "lo menos posible" en las clases más desfavorecidas.
