Discrepan sobre la reserva del 30% a vivienda protegida y algunos plantean diferencias por distritos
BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
Expertos en vivienda y urbanismo han aconsejado abordar el problema del acceso a la vivienda en Barcelona con una mayor visión metropolitana, debido a los límites de crecimiento horizontal que tiene la ciudad por su orografía, y han apostado por plantear los planes de vivienda de la capital catalana en coordinación con el resto de poblaciones del área metropolitana.
En la primera sesión de la comisión municipal no permanente sobre soluciones en materia de vivienda, los ponentes han coincidido en la necesidad de esta visión metropolitana; en impulsar políticas a largo plazo; favorecer la colaboración público-privada; apostar por un pacto de ciudad con el mayor número de partidos posible, y aceptar que no existe una solución fácil y única a la situación.
El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha recordado que han ampliado las ayudas a la rehabilitación y han impulsado nuevas ayudas a la compra, además de movilizar pisos vacíos: "El problema de la vivienda es de toda la ciudad, también de los promotores inmobiliarios, que no pueden solo enriquecerse", y ha criticado que se vea como en un negocio y un bien de inversión.
El gerente de Vivienda del Ayuntamiento, Javier Buron, ha apostado por mejorar la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda de alquiler asequible; impulsar programas "masivos" de ayudas al alquiler, y debatir sobre la regulación del mercado del alquiler, aunque ha dicho que es complicado hacerlo en suelo urbano consolidado.
El economista Gonzalo Bernardos ha afeado al Gobierno municipal que asegurara en campaña que solucionaría el problema de la vivienda: "No tienen la varita mágica", y ha afirmado que la vivienda turística no es la causa de la subida de los alquileres, y ha dicho en que Barcelona tiene precios bajos si se compara con otras ciudades europeas y que la ley de oferta y demanda favorecerán la bajada de los precios.
El secretario del Colegio de Aparejadores de Barcelona, Jaume Casas, ha reclamado políticas de vivienda más allá de los edificios y de las personas, y ha subrayado la importancia de conservar el parque actual y de la regeneración urbana, por lo que ha insistido en el mantenimiento preventivo por encima del mantenimiento corrector.
La presidenta del Observatorio de la Vivienda de Barcelona, Carme Trilla, ha asegurado que el consistorio ha heredado una "política errática" de vivienda, que sólo ha funcionado bajo presión social, por lo que ha asegurado que las políticas de vivienda deben tener una visión a largo plazo para evitar que la vivienda pública acabe entrando de nuevo en el mercado libre, y ha propuesto abordar la larga calificación de las viviendas.
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Joan Oller, ha avisado de que no todo el mundo que quiera puede vivir en Barcelona porque el territorio es limitado --a no ser que se modificara la densidad permitida y se hicieran rascacielos, ha dicho--, por lo que ha abogado por "ampliar el territorio con mejores comunicaciones", citando ciudades como Ripoll (Girona).
30% PARA VIVIENDA PROTEGIDA
Desde la cooperativa Qualitat d'Habitatge Social, Martín Sánchez ha criticado que en la ciudad hay poca colaboración con las cooperativas y que los procedimientos son demasiado lentos, tras lo que ha sostenido que es ineficiente vincular las viviendas de protección a las promociones privadas, al igual que los alojamientos provisionales prefabricados tal y como están planteados.
La vicepresidenta de la Asociación de Promotores Constructores de España (Apce), Elena Massot, ha dicho que el Ayuntamiento no tiene competencias para obligar a reservar un 30% de las promociones a vivienda protegida y que, si se aprueba definitivamente la medida, se interpondrán recursos que podría paralizar el sector, y ha avisado de que las empresas privadas pueden estar en condiciones de construir "siempre que haya un escenario estable de seguridad jurídica".
El profesor del departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Oriol Nel·lo ha planteado que la medida de reservar el 30% a vivienda protegida podría modularse territorialmente, adaptando los porcentajes a las situaciones de los barrios en función de las dificultades de acceder a vivienda a asequible.
La decana del Colegio de Arquitectos de Catalunya, Assumpció Puig, ha defendido la medida de obligar a destinar este 30% a vivienda protegida ---que ve valiente y que supondrá un cambio sustancial--, pero les "preocupa que se aplique de manera homogénea", por lo que ha coincidido en plantear que se contemplen diferencias entre distritos.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El concejal del PDeCAT Jordi Martí ha criticado que el Gobierno municipal ha desplegado propuestas sin el consenso necesario, y ha señalado que BComú generó unas expectativas demasiado elevadas durante la campaña electoral, y Koldo Blanco (Cs) ha calificado de "inevitable" que en los grandes núcleos de población suban los precios, y ha instado a colaborar y confiar en el sector privado.
Montserrat Benedí (ERC) ha alertado del incremento de los usos "anómalos" de la vivienda, como los 'narcopisos', y el concejal del PSC Daniel Mòdol ha insistido en el fracaso del Gobierno en materia de vivienda: "Estamos hablando de diagnóstico cuando se acaba el mandato y ya hay un plan de vivienda en marcha", y ha asegurado que el mandato finalizará con la construcción de sólo 470 viviendas.
El edil del PP Alberto Villagrasa ha propuesto que el Ayuntamiento compre viviendas vacías y las rehabilite para no perjudicar a los inversores y promotores privados; Maria Rovira (CUP) ha insistido en abordar el modelo político, económico y social que ha provocado esta situación; el no adscrito Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha calificado el reto que tiene Barcelona de "titánico", y el concejal no adscrito Juanjo Puigcorbé ha pedido pensar en la vivienda como derecho fundamental.
