Recuerdan que esta ley ya contempla singularidades territoriales como las comarcas
BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El informe jurídico encargado por el Govern para analizar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut plantea la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para poder crear las veguerías tal y como prevé el Estatut.
Los expertos justifican que esta modificación serviría "para alcanzar plenamente los objetivos" que pretendía el Estatut en materia de veguerías, después de que el TC interpretara las disposiciones estatutarias sobre este tema y cuestionara la ley autonómica que impulsa el Govern.
El informe propone que la Ley de Bases de Régimen Local reconozca un régimen especial para Catalunya en el ámbito de la división territorial, y recuerda que esta normativa ya reconoce "situaciones singulares como el caso de las comarcas, los planes provinciales de obras y servicios o el régimen especial de Madrid y Barcelona", por lo que las veguerías podrían ser una nueva singularidad contemplada por esta norma.
"Esta modificación legislativa permitiría dotar de un mayor contenido las competencias de la Generalitat en relación a la creación y regulación de los Consejos de Veguerías", concluye el informe.
Los expertos admiten que la sentencia deja "bien claro" que los límites de las veguerías deben coincidir con los de las provincias, algo que no contempla la Ley de Veguerías, y también reconoce que es el Estado el único que puede modificar los límites provinciales.
También aseguran que el TC interpreta que el Estado tiene "una competencia muy amplia" sobre los Consejos de Veguerías porque dictamina que le corresponde a él determinar su composición y el modo de elección de sus miembros.
La Ley de Veguerías que impulsa el Govern y que desarrolla los preceptos del Estatut que han sido interpretados por el TC, será sometida a votación en el pleno del Parlament del 28 de julio.
Con el informe, los expertos plantean modificar la Ley de Bases de Régimen Local para garantizar la plena constitucionalidad de la norma autonómica cuestionada por el Alto Tribunal.
