BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha lamentado que miembros del Gobierno de Ada Colau realizara manifestaciones y juicios de valor que se han demostrado "precipitados e injustificados", después que la Fiscalía provincial de Barcelona ha archivado la investigación sobre presuntas irregularidades en Barcelona.
En un comunicado este jueves, FCC ha defendido que no existen indicios para considerar que se cometió un delito, y también ha señalado que Fiscalía no ha podido acreditar que no se prestaran los servicios.
La empresa ha insistido en que las afirmaciones de que se habían facturado unos servicios no prestados eran "radicalmente falsas", y ha asegurado que FCC siempre ha primado la optimización del servicio.
Fuentes del Ayuntamiento señalaron tras el archivo de las presuntas irregularidades que la Fiscalía concluyó que los hechos no constituían delito, por lo que terminaba la vía penal, pero no la administrativa, que inició el consistorio al constatar que se habían producido incumplimientos del contrato.
El Gobierno de Ada Colau impuso a FCC el pago de siete millones de euros por incumplimiento del contrato, con dos millones por resarcimiento por los servicios no prestados y cinco de sanción, la máxima prevista por la normativa.
La investigación del Ayuntamiento concluyó que FCC certificó más de 6.000 servicios no prestados o realizados menos personal entre setiembre de 2013 y diciembre de 2015; alteró la recogida de voluminosos en al menos 30 de los 6.200 servicios de 2014, y ese año mezcló el 0,5% de contenedores de envases separados por ciudadanos con otros residuos para evitar saltar de tramo económico del contrato y tener un precio unitario por tonelada recogida inferior.
