BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Barcelona ha recurrido el archivo por parte del Juzgado de Instrucción 22 de la investigación por el presunto espionaje de los Mossos d'Esquadra y pide reabrir el caso al considerar que las explicaciones ofrecidas por el comisario jefe de la Comisaría General de Información no son suficientes y que no investigar más "sería tanto como legitimar un estado policial".
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal afirma: "Cuando los ciudadanos presentan querellas contra fuerzas policiales por considerar que su intimidad se ha visto vulnerada, a juicio del fiscal, no basta con que por la policía se alegue de forma genérica que tal invasión se realizó en el curso de una investigación y que por lo tanto estaba justificada".
Para el Ministerio Público, admitir una respuesta genérica como respuesta a estas querellas, que presentó en su mayoría el abogado José María Fuster-Fabra en su nombre y en el de otros afectados, sin exigir mayor concreción de los motivos de las investigaciones realizadas por mossos a abogados, periodistas, políticos y representantes de la sociedad civil, todos conocidos por ser constitucionalistas, "sería tanto como legitimar un estado policial".
"Resulta imprescindible que los agentes que realizaron las actuaciones, cuyos resultados obran en los documentos intervenidos, aporten dichos datos", para determinar si las investigaciones tenían un fin legítimo, por lo que pide en su escrito que sean identificados dichos agentes y se les tome declaración.
La Fiscalía rebate el argumento del juez instructor de que las investigaciones de los Mossos son justificadas porque fueron sobre personas que por su "significación sociopolítica" pudieran cometer o sufrir delitos, ya que a su entender las explicaciones del comisario jefe Manel Castellví no aclararon de qué supuestos delitos se trataban.
Recuerda que el Código Europeo de Ética de la Policía considera que una actuación de la policía no puede afectar la vida privada, salvo que haya una necesidad absoluta y fin legítimo, por lo que para archivar el caso debe antes quedar acreditado "más allá de toda duda" que así fue, lo que según el fiscal por el momento no ha sucedido.
El escrito considera que la declaración como testigo del comisario, clave para el archivo de la causa, se basa solo en los datos de los que tuvo conocimiento directo, "no aportando sin embargo otros que solo podrían ser traídos a la causa por los agentes que materialmente recopilaron la información", como por ejemplo cómo obtuvieron las conversaciones entre particulares en un bar.
El fiscal precisa que, al no ser el autor material de los seguimientos, no podía tener el grado de conocimiento necesario, "al margen de que con total seguridad, al versar sobre acciones no realizadas directamente por el declarante ni a su presencia, el instructor no hubiera permitido tales preguntas" al tratarse de un testigo, como tampoco hubiera permitido preguntar si eran investigaciones por motivos políticos.
DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
La Fiscalía asegura que "resulta imposible pronunciarse" sobre si la destrucción de documentación por parte de los Mossos --de donde procede la documentación de este caso-- era regular y controlada o por el contrario se estaba realizando al margen de cualquier procedimiento legal, pese a la trascendencia de este dato, ya que de momento no se ha aportado la autorización escrita.
Por ello, también solicita en su escrito que los Mossos aporten a la causa la documentación acreditativa de la autorización administrativa referida a la destrucción de documentos intervenidos cuando iban a ser quemados en la incineradora de Sant Adri de Bess (Barcelona).
