7 de agosto de 2020
3 de julio de 2020

El fiscal Zaragoza pide que la desjudicialización de la política no sirva para "la impunidad"

Agradece mantener su invitación al V Congreso de la Abogacía de Barcelona "pese a todas las presiones"

El fiscal Zaragoza pide que la desjudicialización de la política no sirva para "la impunidad"
El fiscal Javier Zaragoza interviene en las conclusiones de la Fiscalía en el juicio por el procés en el Tribunal Supremo (ARCHIVO) - SEÑAL DE TV DEL TRIBUNAL SUPREMO - ARCHIVO

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Javier Zaragoza se ha referido este viernes a las peticiones de desjudicializar la política, de la que ha avisado que no puede servir "para colocar bajo el paraguas de la impunidad el ejercicio de la acción política si esta supone una quiebra de la legalidad".

En una ponencia telemática en el V Congreso de la Abogacía de Barcelona junto al presidente de la sección Penal del Icab, Miguel Capuz, y el presidente de la sección de Derecho Constitucional, Francisco Chamorro, ha criticado que se tache "como deriva judicial a la legítima respuesta del poder judicial contra delitos", y ha reprochado las críticas al poder judicial.

"No contribuye sino a blanquear la posición de quienes se instalan fuera de la legalidad", y considera que debilitar el sistema judicial legitima la posición de quienes incumplen las leyes.

En cambio, ha sostenido que "el problema es la politización de la justicia. El problema viene cuando partidos políticos instrumentalizan la justicia penal por su propio beneficio, para tratar de resolver sus diferencias", ha expresado.

Zaragoza, fiscal en la causa del proceso soberanista, ha criticado los "continuos reproches al poder judicial cuando las resoluciones no son del agrado de determinados poderes del Estado", y ha lamentado que la actualidad informativa y las declaraciones políticas han reabierto el debate sobre la posición legal de la Fiscalía, que considera un debate antiguo.

También ha asegurado que todos los Gobiernos "han sucumbido a la tentación de poner al fiscal general de turno a su servicio", y ha pedido limitar el poder que tiene el Fiscal General del Estado en cada asunto, ya que puede dar órdenes en causas concretas a todos los fiscales de España, y ha apostado por potenciar el criterio de órganos colectivos ante discrepancias entre el fiscal de la causa y el fiscal jefe.

Ha defendido la independencia del Ministerio Público respecto a todos los poderes del Estado: "Es obvio que no depende del poder legislativo, también lo es que no depende del órgano de gobierno del poder judicial, pero tampoco puede afirmarse que dependa del poder ejecutivo a pesar de que es nombrado a propuesta del Gobierno", en referencia al cargo de Fiscal General del Estado.

CRÍTICAS A SU INVITACIÓN

Al empezar su ponencia, Zaragoza ha agradecido a la organización "haber resistido hasta el final, pese a todas las presiones, pese a toda la campaña que se ha organizado contra esta invitación", y ha reprochado que solo se destaquen algunos capítulos de su paso como fiscal por la Audiencia Nacional y el Supremo, y no otros como la investigación de la opresión al pueblo saharaui y del asesinato de jesuitas en El Salvador.

Secciones del Icab y entidades jurídicas de Catalunya han criticado esta semana la invitación al Congreso del fiscal Zaragoza, aludiendo a su participación en el juicio del 1-O, a lo que el Colegio respondió que la organización del evento se hizo "dando valor a la formación, la transversalidad y la pluralidad".

Una veintena de organizaciones --entre ellas Drets, Alerta Solidària y la ANC-- firmaron un comunicado conjunto ante la invitación de Zaragoza, tachándole de ser "el hombre que ha transgredido una y otra vez lo que es esencial para cualquier fiscal: la defensa de los derechos de la ciudadanía".

"No cree en la defensa de los derechos humanos y las libertades", reprocharon al fiscal, señalando su actuación en la causa del procés, no continuar la investigación de las torturas en la cárcel de Guantánamo y oponerse a procesar a tres militares de los Estados Unidos por el asesinato del cámara José Couso en Irak en 2003, según el comunicado.

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