BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal coordinador de tráfico de Barcelona, Antonio Vicén, teme que se agrave el colapso de los juzgados penales de la capital catalana por el alud de sentencias de conformidad en materia de circulación que llegan a estos órganos, tras la última reforma del Código Penal (CP), que endurece las penas por infracciones graves, ya que la mayoría de casos se resuelve con un pacto entre las partes.
El fiscal coordinador de tráfico de Barcelona, Antonio Vicén, teme que se agrave el colapso de los juzgados penales de la capital catalana por el alud de sentencias de conformidad que llegan a estos órganos, tras la última reforma del Código Penal (CP), que endurece las penas por infracciones graves, ya que la mayoría de casos se resuelve con un pacto entre las partes.
En una entrevista concedida a Europa Press, explicó que "el embudo no estará en los Juzgados de Instrucción sino en los Penales", ya que en nueve de cada diez casos se llega a una conformidad, por lo que archivan los casos más rápido de lo que los Juzgados Penales pueden aplicar las sentencias.
La reforma del CP establece que si el acusado reconoce los hechos que se le imputan y asume su responsabilidad, se le rebaja en un tercio la pena solicitada por la Fiscalía, lo que fomenta que en muchos casos se alcance una conformidad.
En cuanto a las condenas, Vicén no quiere que se limiten a indemnizaciones que avivan el tópico de "muerto pagado, muerto archivado". Aunque a menudo, "uno piensa que cuando tiene un accidente con el coche, su seguro paga el accidente, paga el muerto y se acaba el proceso judicial", cuando debería servir para tomar conciencia de la gravedad del problema de la violencia viaria.
El fiscal, en cambio, apuesta por penas alternativas que fomenten la reeducación como los trabajos en beneficio de la comunidad, que ahora contempla el Código Penal pero que se aplican desde hace tiempo en Catalunya. Sin embargo, lamentó que en la mayoría de los casos los trabajos sociales se limiten a tareas como limpiar bosques.
En su opinión, lo mejor es que los condenados están en contacto con las víctimas de accidentes de tráfico "para que vean en carne viva lo que han hecho o lo que pudieron hacer" y así tomar conciencia del riesgo y las consecuencias que conllevan conducir de forma temeraria o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.
Para poder aplicar ese tipo de penas son necesarios más recursos, pero el presupuesto que se destina para rehabilitar a "la parte negativa de la sociedad, la que nadie quiere ver" es, por ahora, insuficiente.
Con penas orientadas a la reeducación, los infractores tomarían conciencia de la gravedad del problema de la violencia viaria, mientras que generalmente "uno piensa que cuando tiene un accidente con el coche, su seguro paga el accidente, paga el muerto y se acaba el proceso judicial", explicó Vicén. "Muerto pagado, muerto archivado", lamentó.
Otra buena medida para evitar la reincidencia de los conductores infractores es la suspensión del permiso de conducir, ya que "es una amenaza, una advertencia, y normalmente no vuelve a delinquir".
El temor a ir a prisión favorece que se hayan reducido las infracciones, pero "si se quiere conseguir una drástica reducción de los accidentes la única solución es mano dura o durísima, y a quien le toca, le toca", sentenció Vicén, pese a reconocer que: "es muy difícil porque es una actividad humana que necesitamos todos".
FALTA DE CONCIENCIACIÓN.
Vicén recordó que la violencia viaria produce muchos más muertos que, por ejemplo, la violencia de género, aunque ésta sí cuenta con juzgados penales especializados. En su opinión, eso se debe a que la sociedad está mucho más concienciada sobre ese problema, ya que es más fácil, incluso para algunos jueces y fiscales, identificarse con una persona que ha dado positivo en un control preventivo de alcoholemia, que con un asesino o un ladrón.
"Estamos tan habituados a que la gente vaya muriendo por las carreteras", que la sociedad piensa que los muertos en la carretera se deben a "accidentes" que a veces atribuyen a la "mala suerte", cuando en realidad, en algunos casos, se trata de homicidios por imprudencia, lamentó.
A su entender, parte del problema radica en el desprecio por las normas que predomina en España, donde, tras la represión franquista, rebelarse contra la autoridad es una muestra de libertad, aunque recordó que las normas están hechas para respetarlas y favorecer la convivencia.
En otros países, como Alemania, las personas respetan las normas, pero "aquí no" y eso ha llevado a que los conductores apuren más la velocidad y se salten semáforos en rojo "hasta que llega el fatal desenlace", cuando "si se cumplen las normas es imposible que ocurra un accidente".
El fiscal reconoció que "cambiar las normas sociales cuesta muchísimo", pero instó a los conductores a ser conscientes de que un vehículo es una "bomba ambulante", por lo que es necesario sentarse al volante en perfectas condiciones y respetar las normas de circulación.
VACÍOS LEGALES.
El fiscal coordinador de tráfico de Barcelona pidió al Tribunal Supremo (TS) que se reúna y se pronuncie sobre los vacíos legales existentes en el Código Penal tras la última reforma, ya que "hay dudas porque la ley no es clara y hay que esperar a que llegue al Supremo", aunque se trata de una posibilidad remota en delitos de tráfico.
Una de las principales dudas surge en si es delito o no conducir sin el permiso correspondiente. El redactado no deja claro si se pueden aplicar penas de prisión a los conductores que circulen con permisos de categorías inferiores o con licencias de otros países no homologadas.
Circular sin permiso se castiga con penas de entre tres y seis meses de prisión, multas de entre 720 y 288.000 euros, entre uno y tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad y retiradas de carné de entre uno y cuatro años.
Asimismo, lamentó que el TS no se pronunciara sobre la conducción etílica, aunque se trata de una cuestión resuelta con la última reforma del CP que establece los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, cuando "la afectación de las bebidas alcohólicas en la conducción es segura", según los especialistas.
Como el TS no se había pronunciado sobre la cuestión, se produjeron absurdos como la absolución de un conductor que superó el miligramo de alcohol por litro de aire expirado y la condena firme de otro conductor que circulaba con una tasa de 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.
