BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La fiscal también mantiene la acusación a los ginecológos y anestesistas colaboradores de Morín, a diferencia de la acusación particular, y constata la validez de la testigo protegido que, pese a declarar durante el juicio no acordarse del grueso de las acusaciones sí que aportó datos relevantes para la investigación durante el periodo de instrucción.
La Fiscalía también ha rebajado la petición de condena a la esposa de Morín, María Luisa D., a 177 años en concepto de autora de los mismos hechos, en lugar de los 204 que había solicitado en las calificaciones previas al juicio.
Según la fiscal, los trabajadores acusados de las clínicas de Morín Ginemedex y Tcb "eran totalmente conscientes de que ejercían un trabajo ilegal", ha afirmado la fiscal, que ha explicado que esto queda probado en múltiples conversaciones telefónicas.
Además, el ministerio público ha señalado que no existen dudas sobre el hecho que las clínicas funcionasen bajo una cadena de mando, donde Morín y su esposa ejecutaban el rol directivo, sin más intencionalidad que la de conseguir beneficio económico "a cualquier precio" y sin importarles los razonamientos de salud física y mental para las mujeres.
ALTERACIÓN DE HISTORIALES
La fiscal también ha acusado a los psiquiatras de que "con intencionalidad alteraron los historiales clínicos para que parecieran legales" sin tener en cuenta las condiciones de salud mental de los pacientes que, en muchos casos, no fueron ni visitados.
Más allá de los historiales, la Fiscalía ha denunciado la falsificación de firmas --tanto de pacientes como de médicos--, radiografías y tests, en especial el test psicológico de Goldberg, que garantiza que las mujeres que quieran abortar se encuentran en plenas facultades mentales.
Contrariamente a la opinión de la acusación particular, la Fiscalía ha acusado a los ginecólogos Dimar C., Antonio R. y Ramón T., por un supuesto delito de aborto y asociación ilícita, y a los anestesistas Agustín C., Esther S. y Pedro Juan L. por los mismos hechos.
El ministerio público ha justificado la rebaja por motivos legales y ha aclarado que la ley actual, más favorable, "no hace bueno lo que se hace mal", porque la anterior establecía que era delito.
ABORTOS POR MALFORMACIÓN
Durante la tarde del jueves, la Fiscalía ha explicado los delitos de los que se acusa a los implicados en función de cada aborto y ha justificado la rebaja, entre otras razones, por tratarse de casos de malformaciones suficientemente fundamentadas.
Entre estos, la fiscal ha descartado enfermedades renales letales, cardiopatía severas y otras malformaciones incompatibles con la vida, motivo por el que ha obviado 22 casos de aborto que concebía como delitos en sus calificaciones anteriores.
El juicio continuará el martes 27 de noviembre con los informes de las acusaciones particulares y, hasta el jueves, con las conclusiones finales de todas las partes.
