BARCELONA/MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado de pagar los salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuyas empresas están en quiebra o concurso de acreedores, abonó en prestaciones 174,8 millones de euros a Catalunya en los siete primeros meses del año, según datos del Ministerio de Trabajo.
Supera los datos de Catalunya la Comunidad Valenciana, que concentró buena parte de los pagos de Fogasa con 185,8 millones de euros en prestaciones.
Por detrás figuran Andalucía (72,8 millones), Madrid (68,8 millones), País Vasco (65,1 millones), Aragón (31,3 millones), Castilla y León (30,4 millones), Galicia (27,8 millones), Castilla-La Mancha (26,8 millones), Murcia (17,8 millones), Asturias (16,4 millones), Navarra (13,8 millones), Canarias (11,4 millones) y Cantabria (9,7 millones).
A continuación, cerrando la tabla, se sitúan Baleares (9,54 millones), Extremadura (9,51 millones), La Rioja (6,7 millones de euros), y Ceuta y Melilla (347.800 euros).
En el conjunto del Estado Fogasa abonó en prestaciones 779,6 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un incremento del 66,8% respecto a los pagos realizados en el mismo periodo de 2009.
Del total abonado hasta julio, 604,7 millones correspondieron al pago de prestaciones por insolvencia y 174,8 millones al pago de prestaciones por regulación, con crecimientos del 73,1% y del 46,8%, respectivamente, sobre igual periodo de 2009.
Las prestaciones por insolvencia incluyen el importe de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago motivados por declaración de insolvencia en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y fuerza mayor, así como los salarios de tramitación acordados por la jurisdicción competente.
Por su parte, las prestaciones por regulación recogen, únicamente, las indemnizaciones correspondientes al 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores de empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido colectivo y despido por causas objetivas derivadas de la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
Entre enero y julio, los expedientes resueltos por el Fogasa afectaron a 59.059 empresas, un 46,8% más que en igual periodo de 2009, y a 143.986 trabajadores, un 44% más.
