Las entidades sociales valoran positivamente y pide implicación de las compañías
BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha presentado este martes a la Taula sobre la Pobresa Energètica su propuesta de Fondo de solidaridad energética para mejorar la situación de las familias vulnerables.
El fondo será gestionado por una fundación y que tendrá una dotación prevista de 40 millones de euros.
Según ha informado la Conselleria de Empresa y Empleo en un comunicado, en la fundación tomarán parte tanto el sector público --la Generalitat, las diputaciones y las entidades municipalistas-- como las entidades sociales, y se nutrirá de recursos tanto de las administraciones como de aportaciones procedentes del sector privado, ya sea de las compañías suministradoras, otras empresas con actuaciones en materia de responsabilidad social o usuarios particulares.
"Una vez garantizado el acceso a los suministros básicos, ahora trabajaremos para definir mecanismos para cubrir los costes que eso comporta", ha asegurado el secretario de Empresa y Competitividad, Pere Torres.
El fondo, que se prevé dotar con unos 40 millones de euros, garantizará la cobertura de la prestación de un servicio básico a las familias en situación de vulnerabilidad, según el Govern.
Torres ha afirmado que el Govern "está negociando" con las empresas suministradoras y otras compañías cuál ha de ser su implicación en el fondo y cómo canalizar las aportaciones de particulares.
TERCER SECTOR
Este es precisamente el "mayor interrogante" para las entidades sociales, que han valorado positivamente que se haya concretado más el fondo para la pobreza energética, tras la última reunión de la Taula de la Pobresa Energètica celebrada a finales de septiembre.
El director de la Taula del Tercer Sector, Toni Codina, ha explicado a Europa Press que "todavía no se sabe" qué aportarán las compañías y espera que aporten la mitad de los 40 millones anuales que prevé el fondo.
Ha afirmado que el fondo no es la solución idónea, que sería un sistema tarifario progresivo, pero que para ello solo tiene competencias el Gobierno central.
Asimismo, ha valorado que la Generalitat haya asegurado que las compañías no interrumpirán el suministro a aquellas familias que acrediten su situación de vulnerabilidad económica con el correspondiente informe de los servicios sociales.
