BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El exconseller de la Generalitat Francesc Homs ha valorado este lunes, sobre el juicio previsto este miércoles en el Tribunal de Cuentas por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014: "Nos vuelven a juzgar de lo que ya nos juzgaron y condenaron".
En declaraciones a los periodistas tras acudir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la declaración del exconseller Jordi Turull sobre presunta insolvencia punible, Homs ha respondido a la prensa sobre el procedimiento en el Tribunal de Cuentas asegurando que es "un juicio singular" al que irán para acreditar que no hay responsabilidad contable.
"A nosotros ya nos han juzgado. Nos han juzgado y nos han condenado con sentencia firme y ya he cumplido la condena por desobediencia", ha afirmado.
Y ha añadido: "Alguien debía de pensar que las condenas que nos marcaron --en el TSJC y el Tribunal Supremo por el 9N-- no eran del todo suficientes y han buscado esta vía", que ha opinado que no tiene recorrido posible.
Ha constatado que el Tribunal Supremo y el TSJC ya analizaron si había malversación en sendos juicios y "consideraron que no hubo", por lo que su condena no fue por este delito.
"No deja de ser sorprendente que el Tribunal de Cuentas vaya a buscar una responsabilidad contable", ha abundado.
Además de defender que el dinero público se usó adecuadamente y según la normativa presupuestaria, ha recordado que la Generalitat no se siente perjudicada, que en teoría es la administración que debería ser resarcida.
El Tribunal de Cuentas también ha citado a declarar este miércoles al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau en el juicio.
El interrogatorio se llevarán a cabo a petición de SCC y Abogados Catalanes por la Constitución y de la Abogacía del Estado.
Fuentes del Tribunal de Cuentas explican que la citación no es a iniciativa del órgano fiscalizador, ya que su procedimiento no funciona como los penales, sino como los civiles y, por tanto, serán los abogados de los demandantes los que pregunten a Mas y sus exconsellers.
La declaración tendrá lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.
La fianza es solidaria entre nueve investigados: Mas, Rigau, Ortega, Homs y cinco funcionarios del Govern.
